Por Enrique Pons Franco
Advertencia. Esta reflexión no debe ser considerada como una guía, manual, instructivo, o consejo legal para emitir expresiones perturbadoras en redes sociales en contra de persona alguna.
Corría el año de 1997 cuando Molotov, la hoy icónica banda de rock mexicana lanzó una rola que marcó el fin de una época y el inicio de una era en la que, entre más carga en la palabra, más alto soñaba en nuestros reproductores de música.
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Así pasaron los años, llegaron las redes sociales a nuestras vidas y las expresiones, que antes tenían que ser grabadas en un acetato o en un CD para que dieran la vuelta al mundo y fueran captadas por miles o millones, hoy pueden ser emitidas por ciudadanos de a pie desde cualquier dispositivo con acceso a internet. Esa libertad de decirlo fuerte y claro, cuando es entre particulares, está sujeta a limites bastante estrictos. Cuando es entre un particular y un funcionario público, parece que está sujeta a estándares menos extremos. De eso te cuento hoy.
Dicho lo anterior, casi todos estaremos de acuerdo en que dirigirnos a alguien en redes sociales con un: “Estúpido”, “ardido”, “encabronado”, “pinche”, “ridículo”, “incongruente”, “chingados”, “imbécil”, “farsante de poca monta”, “fresa” y “loco”, serían expresiones que, leídas en cualquier contexto, resultaran -en palabras de la SCJN- como severas y provocativas.
Estos términos, que además puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto y ofensa… pero que… no deben ser consideradas como un comportamiento abusivo por parte de los usuarios de las redes sociales, cuando se trata de dirigirnos a determinado tipo de funcionarios públicos, sobre todo en Twitter.
Lo anterior no quiere decir que la libertad de expresión y el derecho a la información, en redes sociales, proteja o salvaguarde en todos los casos un comportamiento abusivo de los usuarios hacia la autoridad, que no pueda ser juzgado en otra esfera. En ese sentido existe un interesante precedente judicial (dictado en febrero del año pasado) que, derivado de la llegada de la Covid-19, pasó casi inadvertido.
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Resulta que, hace poco tiempo, un ciudadano tenía la predilección por dirigirse en Twitter contra un legislador federal, con las expresiones que cité párrafos atrás. Este político, conocido por no rehuir a los debates en redes sociales, optó por bloquear al usuario.
Sin embargo, esta persona optó por presentar un juicio de amparo en contra del legislador aduciendo que, mediante el bloqueo de que fue objeto, se le violaban dos derechos: el de la información y el de la libertad de expresión. El primero porque, al tratarse de un funcionario y usar sus redes sociales como medio de difusión de sus actividades públicas, se veía limitado al no poder informarse de su actuación como servidor público.
El segundo por el hecho de que, como funcionario público, éste se encuentra obligado a tolerar al amparo de la libertad de expresión los comentarios, por muy duros o molestos que puedan resultar. En ese caso, un Tribunal Colegiado (el Vigésimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito) confirmó el amparo que previamente la había otorgado un Juez federal al ciudadano.
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La resolución judicial no excluye que las expresiones ofensivas realizadas en Twitter, contra funcionarios públicos, puedan ser combatidas conforme lo dispone la legislación civil o penal, en los casos en que éstas sean punibles. Lo llamativo del precedente es que se protegió, al más alto nivel, una posible transgresión a la libertad de expresión, obligando al legislador a desbloquear de sus redes sociales al ciudadano.
Por ahora, lo dejamos hasta allí, como siempre, muchas gracias por leerme. Mientras llega la próxima semana, te espero en Twitter como @enrique_pons y en Facebook como Enrique Pons Franco.
