La suspensión definitiva que otorgó Karla María Macías Lovera, jueza novena de Distrito, con sede en Guanajuato, detiene la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Con ello, la Sedena no puede ejercer de su presupuesto en la institución de seguridad, ni tomar decisiones sobre su operación.
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La decisión de la jueza estipula que la Guardia Nacional debe permanecer bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como también que las secretarías implicadas suspendan de inmediato la transferencia de recursos presupuestarios, financieros y materiales que establecía el decreto.
Ayer, el subsecretario federal de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, acusó a la jueza de exceder sus facultades y afectar la seguridad al conceder la suspensión definitiva.
Al respecto, el funcionario federal confió en que un tribunal colegiado revoque la suspensión definitiva, pues consideró que este tipo de acciones generan impunidad.
"Esta juez se excede en sus facultades, porque plantea la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución, en términos del artículo 105 sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo, pues bien esta resolución fue impugnada ante un tribunal colegiado y quedó sin efecto la suspensión provisional", aseguró el funcionario.
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Aunque un tribunal colegiado desechó una suspensión provisional que había otorgado la misma jueza contra la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, la suspensión definitiva sigue vigente.
En septiembre, el Congreso de la Unión aprobó la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, esto pese a que la Constitución estipula que el organismo de seguridad debe ser enteramente de carácter civil.
Ante esto, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023 busca dar a la Sedena un poder económico como nunca ha tenido.
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Cámara de Diputados entregar directamente a la Sedena 111 mil 911 millones de pesos y 34 mil 525 millones de pesos para la Guardia Nacional, que en este momento se encuentran en el proyecto de presupuesto de la SSPC.
De otorgarse un presupuesto aumentado a la Sedena, estos recursos no podrían utilizarse hasta que se resuelva su situación jurídica.