Por José Gerardo Mejía
Con la claridad que no mostró el martes pasado, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Moreira Valdez, explicó un día después el sentido de su voto para que Morena y aliados pudieran desaforar al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara.
“Yo voté a favor de que se abriera el procedimiento, que venga y se defienda. Pero en este país, uno de los graves problemas es que las policías no se certifican, y que todos en este país ya no hablamos de eso, nadie habla de eso”, se justificó. Ayer no dio mayor explicación sobre el sentido de su voto.
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El fiscal de Morelos dice que es un perseguido político, se le preguntó también en una entrevista a medios en la sala de prensa, antes de que Uriel Carmona fuera desaforado en 79 minutos.
“No, pues muchos delincuentes dicen eso. Que se presente aquí, que hable”, afirmó el líder priista quien este miércoles votó en abstención como el resto de su bancada.
En el Jurado de Procedencia, Juan Gabriel Hernández Morales, agente del Ministerio Público, aseguró que el 7 de mayo del 2020 se recibió una denuncia anónima que devino, en mayo de ese año, en la apertura de una carpeta de investigación.
“Se señalaba que Uriel Carmona estaba cometiendo hechos posiblemente constitutivos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, indicó el representante de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Por lo anterior se inició la investigación correspondiente y el primero de octubre del 2020, una persona acusó que el 15 de febrero de 2018, Carmona Gándara había sido nombrado fiscal del estado de Morelos sin cumplir los requisitos legales para asumir dicho cargo, según lo explicado por el agente del MP.
El desafuero se solicitó para que Carmona fuera investigado por presunto ejercicio ilícito del servicio público —delito previsto en el Código Penal Federal— y contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En su turno, Gabriel Alejandro Regino García, abogado defensor, subrayó que estaba a punto de cometerse “una gran atrocidad de esta institución (la fiscalía estatal)”.
“Desde el 2014, se han hecho abdicar a 17 fiscales estatales por los cambios de gobiernos”, destacó.
Regino García afirmó que los gobernadores han obligado a renunciar a los fiscales con amenazas de denuncias disfrazadas de motivos personales, en violación a lo dispuesto por la Constitución.
“Estamos ante una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia”, aseveró.
En defensa del fiscal de Morelos, dijo que desde el comienzo de la administración de Cuauhtémoc Blanco se le exigió a la fiscalía proceder sin pruebas contra la administración anterior penalmente.
“Esto sin pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles”, enfatizó, riéndose.
También se mofó de las pruebas de la fiscalía, porque “no fue casualidad que de repente apareció en un correo interno de la FGR que no está al acceso de la opinión pública, una denuncia anónima dirigida específicamente a la Unidad de Combate al Terrorismo”.
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“Se señalaba que el fiscal estaba coaligado con organizaciones delictivas, pero no encontraron nada”, recordó.
El abogado defensor mencionó que la Constitución de Morelos no exige como requisito los exámenes de control de confianza, aun así, su defendido contó con todas las certificaciones a dos meses de asumir el cargo.
“Yo acuso a la Sección Instructora de no haber atendido la petición que hicimos de que ustedes van a votar sobre hechos ya prescritos”, expresó minutos antes de retirarse del salón junto con la parte acusadora para que votaran los diputados.
Morena y aliados aprobaron por 230 votos a favor, 22 en contra de Movimiento Ciudadano, además de 170 abstenciones del PRI, PAN y PRD, el desafuero de Carmona.
Ante ello, Regino García sentenció: “Cuando se conozca la verdad de este embate y artera persecución contra un fiscal, la historia va a juzgarnos a todos”.
