Foto: EFE
AP.— La fiscalía guatemalteca informó que solicitó el retiro de inmunidad del presidente electo Bernardo Arévalo y de su vicepresidenta Karin Herrera, entre otras personas, con el fin de que sean investigados por haber supuestamente alentado la toma de la única universidad pública del país.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural los señala por los presuntos delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias, pues —según sostiene— sus opiniones habrían impulsado a estudiantes universitarios a la toma de las instalaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala —de abril de 2022 a junio de 2023— lo que según señala ocasionó daños a la institución.
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Los estudiantes tomaron las instalaciones en respuesta a lo que denunciaron como una elección fraudulenta del rector Walter Mazariegos.
La fiscalía nunca investigó el fraude denunciado, aunque sí adelantó pesquisas en el caso de la toma de la universidad. El jueves anunció que iba a solicitar el retiro de inmunidad de Arévalo, Herrera y algunos diputados actuales y electos, entre ellos Samuel Andrés Pérez Álvarez, jefe de bancada del Movimiento Semilla, que llevó a Arévalo a ganar la presidencia en una segunda ronda en agosto.
La solicitud de retiro de inmunidad generó la duda sobre a quién le corresponde conocer de la solicitud, pues la Ley en Materia de Antejuicio, no específica a quién le toca conocer los casos del presidente y vicepresidente electos.
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells dijo que “es una situación única, no se había dado, la ley no dice a quién le corresponde conocer, además él (Arévalo) siendo diputado y presidente electo, tiene doble inmunidad”.
La víspera, la fiscalía también ordenó la aprehensión de varios estudiantes universitarios, catedráticos y miembros de Semilla por el mismo caso, lo que generó inmediatamente el rechazo y la preocupación de gobiernos como el de Estados Unidos y organizaciones internacionales que consideran las nuevas acciones judiciales como un intento de socavar la transición democrática en Guatemala.
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En conferencia de prensa el viernes, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo que estaba alarmado por las últimas medidas de la fiscalía guatemalteca.
“(Guterres) reitera su llamado a las autoridades a garantizar que se respete la voluntad democrática expresada a través de las urnas y a abstenerse de actos que puedan socavar el proceso democrático o que puedan constituir represalias por el ejercicio de los derechos humanos”, expresó el portavoz Stephane Dujarric a la prensa.
Por su parte, autoridades indígenas que han liderado por más de mes y medio protestas en Guatemala exigiendo la renuncia de Porras, a quien señalan de intentar invalidar las elecciones generales ganadas por Arévalo, anunciaron el viernes que intensificarán sus acciones a raíz de las detenciones.
Reiteraron su pedido a la Organización de Estados Americanos (OEA) a aplicar de urgencia la Carta Democrática, así como a países democráticos firmantes de las convenciones internacionales sobre delincuencia organizada y contra la corrupción a imponer sanciones a funcionarios corruptos del Estado guatemalteco que socavan la democracia.
La fiscalía mantiene, según los críticos, una arremetida contra Arévalo y opositores, quienes, acompañados de la comunidad internacional, han denunciado que la intención de la fiscal general Consuelo Porras es que el presidente electo no pueda tomar posesión al cargo en enero de 2024.
El gobierno estadounidense anunció el jueves sanciones contra 11 guatemaltecos entre empleados de la fiscalía y otros que participan de lo que calificó como “continuos y descarados intentos de socavar la transición pacífica del poder en Guatemala”.
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