El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió este jueves la personalidad jurídica del Movimiento Semilla, el partido del presidente electo, Bernardo Arévalo de León, a solicitud de un juez penal que investiga supuestas anomalías en su proceso de creación hace cinco años.
La orden de suspender al Movimiento Semilla fue oficializada por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), según informó la misma entidad, después de que el 31 de octubre finalizó formalmente el proceso electoral de Guatemala.
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La suspensión había sido dictada en julio, minutos antes de que se conociera que Arévalo había pasado a la segunda vuelta presidencial, pero no se aplicó porque la ley impide suspender a un partido mientras está en marcha el proceso electoral, que finalizó este martes.
Según indicó a The Associated Press el portavoz del Registro, Luis Gerardo Ramírez, el Movimiento Semilla no podrá hacer asambleas o trámites administrativos. En tanto, se desconoce su implicancia en otras instituciones como el Congreso, que debe dar posesión a los diputados de ese partido.
Mientras la sentencia del juez Freddy Orellana —que es apelable— se encuentre firme, los legisladores no podrían integrar comisiones en el Parlamento y serían considerados independientes, sin representación partidaria.
“La suspensión es algo inédito, ningún juez penal podría suspender un partido porque es ilegal”, dijo a AP el diputado Samuel Pérez, jefe de la bandada de Semilla. “El problema es que la suspensión del juez no es legal, sino política”, agregó.
Por su parte, el subsecretario de Estado estadounidense para América Central, Eric Jacobstein, dijo a periodistas que Estados Unidos sigue de cerca la situación del país y que ve con preocupación la suspensión del partido que tiene como fin obstaculizar la transición de gobierno prevista para enero.
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La medida se produjo en medio de la arremetida del Ministerio Público contra el propio Arévalo, el Movimiento Semilla, las elecciones, los magistrados electorales y los más de 100 mil ciudadanos que de forma voluntaria participaron en la recolección, conteo y protección de los votos.
La fiscal general Consuelo Porras y sus fiscales Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso y Leonor Morales, así como el juez Orellana, han llevado a cabo acciones judiciales contra quienes han participado en el proceso electoral —incluidos allanamientos a las sedes electorales, revisión voto por voto y secuestro de actas electorales— en el marco de varias investigaciones que incluyen una denuncia por supuesto fraude electoral.
Las acciones de la fiscalía han generado rechazo a nivel nacional e internacional y fueron la razón por la que miles de personas, lideradas por organizaciones indígenas, cerraron por 20 días más de 100 tramos de carreteras en señal de protesta. Las organizaciones permanecen hace casi un mes frente a las instalaciones de la fiscalía general para exigir la renuncia de Porras y sus fiscales, a quienes señalan de intentar ejecutar un golpe de Estado.
El martes el gobierno estadounidense sancionó a más de una docena de personas originarias de Guatemala, entre ellas funcionarios, empresarios y particulares, por socavar la democracia y el Estado de Derecho al intentar afectar el proceso electoral, anunció el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.
Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana ya han sido sancionados por el gobierno estadounidense por obstruir la lucha anticorrupción, socavar la democracia y emitir resoluciones judiciales con fines políticos.
Está previsto que Arévalo tome posesión de su cargo el 14 de enero de 2024.
Con información de EFE y AP
