Foto: Legislatura Edomex
Diputados del Estado de México abordaron este jueves las modificaciones que requiere la llamada “Ley Ingrid“, una reforma al Código penal del estado que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que contempla castigos por la difusión, publicación o comercialización de imágenes y videos de cadáveres bajo custodia de servidores públicos durante una investigación penal.
La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso mexiquense se reunió este día con integrantes del Poder Judicial estatal y con representantes de la Fiscalía General de Justicia.
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“El objeto de protección de esta ley es evitar que las personas, particulares o servidores públicos realicen en la difusión indebida de imágenes, video, grabaciones, audios o material de las carpetas de investigación en casos de feminicidios“, dijo la magistrada Edna Escalante Ramírez.
Margarita Ríos Farjat, ministra de la Suprema Corte, argumentó en su ponencia que hubo un problema de imprecisión del tipo penal y no se estableció con claridad en qué casos dará lugar a una sanción, que da lugar a la discrecionalidad.
La ministra presidenta, Norma Piña, consideró que, si bien existe indignación social en contra de la divulgación de imágenes y videos de crímenes y violencia, la redacción que empleó el Congreso del Estado de México no respetó los principios constitucionales.
“La Suprema Corte determinó que la descripción legal que establecía dicho tipo penal no era clara para su destinatario, sino vaga e imprecisa”, señaló Escalante Ramírez, por lo que hizo un llamado a aclarar la imprecisión en la nueva propuesta
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Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la comisión en el Congreso del Edomex, señaló que ya con las opiniones de los integrantes del Poder Judicial, sus compañeros podrán presentar sus comentarios y aportaciones hasta el próximo 12 de octubre.
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