Este miércoles se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados la “Ley Ingrid“, que sanciona a los servidores públicos con hasta 10 años de cárcel por difundir imágenes, videos o audios relacionados con procedimientos penales.
La iniciativa aprobada contempla reformar el artículo 225 del Código Penal Federal con el propósito de erradicar la revictimización y violencia institucional que podrían ejercer las autoridades judiciales.
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La modificación fue propuesta por la diputada Laura Imelda Pérez Segura, del grupo parlamentario de Morena, quien aseguró que con su aprobación “se desalentará y sancionará a quienes expongan, por cualquier medio, imágenes, audios, videos, documentos o información de víctimas”.
El artículo 225 contempla una pena de 4 a 10 años de prisión para el servidor público que “fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, o información reservada del lugar de los hechos”.
A través de redes sociales, legisladoras de todas las bancadas celebraron la aprobación y compartieron su voto a favor ante esta modificación e informaron sobre las medidas que implica su aplicación.
“¡Hoy legislamos por la integridad y dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia! ¡La Ley Ingrid será una realidad!”, escribió la morenista Laura Imelda Pérez Segura.
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Por su parte, Itzel Josefina Balderas Hernández, de Acción Nacional, compartió que esta reforma “endurecerá las penas si la difusión trata de mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad”.
La “Ley Ingrid” se creó a partir de la difusión indebida en redes sociales y medios de comunicaciones de imágenes de un feminicidio en la Ciudad de México en febrero de 2020. El material indignó a la sociedad, que exigió que se detuvieran las filtraciones del expediente de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
