La defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró este viernes que el aumento del monto para lograr un acuerdo reparatorio con el gobierno federal se determinó por “una instrucción superior”.
Mediante un comunicado, la defensa respondió a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde indicó que la nueva cantidad —los 30 millones de dólares— era justa.
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Los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso señalaron que tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fueron las que desde un inicio establecieron los 10.7 millones de dólares para reparar el daño por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.
“Esa cantidad fue solicitada por la UIF y Pemex —hace más de un año—, ante el órgano jurisdiccional en calidad de reparación del daño. Incrementar ese monto hasta 30 millones de dólares, como se pretende ahora, no sólo carece de sustento técnico, sino que es de imposible justificación ante el juzgador”, indicó.
Por lo anterior, la defensa señaló que debido a la respuesta que dieron los representantes de la UIF y Pemex se tuvo que diferir “la audiencia por falta de fundamentación en la postura del gobierno de México”.
Este viernes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador, consideró que el pago de los 30 millones de dólares que solicitaron a Emilio Lozoya como reparación del daño por los casos Agronitrogenados y Odebrecht es una cantidad justa.
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“Pemex y la fiscalía están actuando bien y que considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión; es que si se revisa el daño causado al erario público fue mucho”, dijo el presidente en su conferencia matutina en respuesta a lo dicho por el exdirector de Pemex, que acusó que el cambio en el monto “rayaba” en la extorsión.
“Sí tiene que aportar estos 30 millones de dólares (…) Yo veo bien eso, porque si no la autoridad cómo queda, si la reparación del daño son 10 millones de dólares, como ellos proponen, serían 170 millones de pesos”, dijo y aclaró que el nuevo monto sería un pago aproximado de 510 millones de pesos.
Aclaró que aunque se realice la reparación del daño, no significa que el exfuncionario está exonerado, sino que aún debe aportar pruebas de su inocencia.
“La reparación del daño lo que permite es seguir el proceso en libertad, no concluye el proceso. Si él tiene elementos para sostener que es inocente, pues hasta que haya una sentencia definitiva”, afirmó.
