El acuerdo entre el gobierno federal y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) se vino para abajo luego de que autoridades aumentaran el monto requerido para lograr un acuerdo reparatorio que permitiría la libertad del acusado.
Tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fijaron en 30 millones de dólares el monto de indemnización, casi el triple de lo requerido anteriormente (10.7 mdd).
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La audiencia intermedia del caso Agronitrogenados de este martes estuvo presidida por un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Al concluir la audiencia, el abogado defensor de Lozoya, Miguel Ontiveros, calificó de infundada e ilegítima la solicitud de aumento de la indemnización. El monto por 10 millones 736 mil 351 dólares ya había sido aprobado por el Consejo de Administración de Pemex.
“Nosotros preguntamos al gobierno de México cuál era el sustento, el fundamento de esos 30 millones de dólares y desafortunadamente no obtuvimos respuesta”, dijo la defensa de Lozoya Austin.
El defensor acusó que atenta contra las personas implicadas en el caso, refiriéndose a la esposa de Lozoya, Marielle Helene Eckes; su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, y su hermana, Gilda Susana Lozoya Austin.
Desde el año pasado, Ontiveros ha buscado que las autoridades acepten un acuerdo reparatorio y su cliente acceda a un criterio de oportunidad con el que se extinga la acción penal en su contra por los casos de Agronitrogenados y Odebrecht.
En abril, la defensa del exdirector de Pemex aseguró que un acuerdo va a permitir a Lozoya continuar colaborando con las instituciones del Estado mexicano y que los responsables respondan ante el sistema de justicia.
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Señalaron que el monto de reparación del daño por ambos casos fue fijado por Pemex y la UIF, en armonía con la Fiscalía General de la República (FGR), “con base en peritajes oficiales”.
