Foto: Instagram Inés Gómez Mont
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito confirmó el amparo otorgado a Inés Gómez Mont contra la orden de aprehensión en su contra en el caso seguido por el delito de defraudación fiscal equiparada. Con ello, el proceso deberá reponerse.
“La justicia federal ampara y protege a la quejosa, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables”, se lee en la resolución publicada el 4 de abril.
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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la conductora y a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, por diversos delitos, entre los que están delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La orden de aprehensión fue girada por el juez de control Alberto Torres Villanuega, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, el pasado 14 de octubre de 2021. De acuerdo con la sentencia, no se justificó adecuadamente la razón de la orden.
A comienzos de 2023, la conductora, quién se encuentra prófuga, aseguró a través de sus redes sociales que desde diciembre de 2018 llegó a un acuerdo reparatorio de impuestos con la FGR.
Gómez Mont negó que enfrente un proceso por el supuesto lavado o desvío de dinero por 3 mil millones de pesos, sosteniendo que se trata de un monto de 14 millones de pesos.
Además, negó haya nuevas órdenes de aprehensión en su contra, puesto que los asuntos que enfrenta en tribunales tienen más de un año.
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En noviembre de 2019, la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), inició carpeta de investigación en contra de Álvarez Puga y Gómez Mont, así como cinco personas más y siete empresas.
De acuerdo con la FGR, la organización principal estaba a cargo de Víctor Manuel Álvarez y su esposa Inés Gómez Mont “que operaban con supuestos representantes de personas morales”.
Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C” y Yareli “C”, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de personas morales”, detallaron las autoridades.
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