La Cámara de Diputados recibió y turnó a comisiones tres iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador para regular convenciones para minería y agua, salvaguardar el espacio aéreo y, en materia administrativa, para evitar el desvío de recursos.
En un comunicado, la Cámara Baja detalló que el dictamen que modifica las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene como objetivo recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano.
Puedes leer: PAN presenta paquete de iniciativas en materia de seguridad: “La política de AMLO ha fracasado”
La iniciativa dispone la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera, fija una consulta libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y disminuye de 50 a 15 años el término de la concesión minera, además de que establece la figura de concesión de agua para uso específico en minería, con el objetivo de evitar la sobreexplotación y contaminación de este recurso.
La siguiente iniciativa busca reformar diferentes leyes en materia de protección del espacio aéreo nacional, con en el propósito de fortalecer la seguridad de la navegación de las aeronaves autorizadas.
Especifica las facultades de la Secretaría de la Defensa Nacional junto con la Secretaría de Marina para protección y vigilancia del espacio aéreo mexicano y crea el Servicio de Logística Aérea para proporcionar apoyo logístico a organismos aéreos e instituye el Servicio de Material Bélico de Fuerza Aérea, con el fin de profesionalizar a un grupo encargado del armamento
Mientras que la iniciativa en materia administrativa, su objetivo es prevenir el desvío de recursos públicos, fortalecer la rectoría del Estado y dar capacidad de actuación a las dependencias del gobierno federal en la ejecución de las políticas públicas a su cargo.
Puedes leer: Avanza en comisión de la Cámara de Diputados la iniciativa 3 de 3 contra la violencia de género
“Dota al sector público de herramientas jurídicas que le permitan actuar oportunamente en la provisión de servicios públicos, y resguarda los intereses de la nación, esto es, la recuperación del Estado como garante de derechos”, se detalla en el escrito.
