Más de 50 organizaciones y defensores de derechos humanos expresaron su respaldo a la jueza Karla Macías tras los ataques de funcionarios federales por la resolución que frena la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ordena que permanezca bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En la conferencia matutina de este jueves, el subsecretario de seguridad indicó que la resolución fue impugnada por el Ejecutivo y criticó que no era competencia de la jueza de Guanajuato dictar la suspensión provisional.
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“Esta juez se excede en sus facultades porque plantear la contradicción entre una ley de carácter general y la Constitución Política, sólo le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y esta juez en un primer momento decretó la suspensión de un decreto emanado del Poder Legislativo“, señaló a los medios de comunicación.
Y expresó confianza en que el tribunal colegiado, donde presentaron el recurso, revoque la suspensión.
“Esta resolución, a todas luces inconstitucional, ya fue recurrida nuevamente por el Ejecutivo federal porque se excede la juez y está generando efectos suspensivos sobre un decreto del Congreso de la Unión. Sí lo queremos hacer del dominio público porque este tipo de resoluciones afectan la seguridad pública y además esta jueza se está excediendo en sus facultades”, agregó.
Por lo que 54 organizaciones y defensores firmaron una misiva en la que rechazaron el ataque a los jueces y refirieron que el Ejecutivo no debe intervenir o manifestarse sobre asuntos pendientes en el Poder Judicial, de acuerdo con estándares internacionales.
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“Manifestamos nuestro apoyo a la jueza Karla Macías y a todas las juezas y jueces, magistradas y magistrados, que valientemente están cumpliendo con la labor que les ha sido encomendada”, se lee en el documento.
Llamaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, a que resuelvan los amparos pendientes sobre la militarización y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a proteger a los jueces.
“Su silencio favorece el ataque a sus colegas, así como el avance de la militarización, la cual sigue vulnerando derechos humanos sin que funcionen los contrapesos necesarios en México”, expresaron.
