El consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio, dijo este martes que los cárteles mexicanos se han visto fortalecidos debido al ingreso de armas ilegales procedentes de Estados Unidos y en la medida que se reduzca su capacidad de fuego se les debilita.
El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores explicó que el interés de la demanda presentada ante una corte de Massachussetts contra los fabricantes en Estados Unidos es que comprendan que el tráfico ilegal de sus armas aumenta la capacidad de fuego de los cárteles mexicanos, que a su vez se tornan más violentos en sus incursiones.
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“Los cárteles que tienen una gran capacidad de fuego, aumentan sus intentos de traficar drogas, traficar con personas. Y con una menor capacidad de fuego es más fácil que pierdan poder”, dijo Celorio durante un seminario organizado por la Escuela de Gobierno Blavatnik de la Universidad de Oxford.
De acuerdo con el titular del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), David Pérez Esparza, en 1997 los homicidios con armas de fuego eran sólo el 15% del total, mientras que para abril de este año el porcentaje era del 70.5 del total.
Celorio indicó que en el proceso de frenar el ingreso ilegal de armas hay diversos “eslabones en al cadena”. Primero, los gobiernos de Estados Unidos y México, así como las corporaciones de fabricantes, vendedores y los consumidores finales, que en México son las organizaciones criminales.
“Las compañías deben saber que su mercado es legal en Estados Unidos e ilegal en México y no han hecho nada para prevenirlo”, dijo Celorio y apuntó que ese es el motivo por el que la demanda apunta hacia la negligencia de las empresas y no es una acusación criminal.
De acuerdo con Celorio, ambos gobiernos han hecho esfuerzos conjuntos en materia de seguridad e inteligencia para combatir el tráfico ilegal de armas, sin embargo, considera que los fabricantes y su responsabilidad corporativa son el “eslabón faltante” en la labor preventiva.
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“En México no hay ninguna forma legal de que un civil tenga un arma. Todas las armas que hay vienen ilegalmente de Estados Unidos“, dijo.
“El daño que sufre el país tiene que ver con qué hacen o dejan de hacer las empresas que facilita el tráfico ilícito de armas a México”, dijo.
“Ellos saben y deben saber que su producto llega a México para cometer crímenes (…) y no hacen nada para pararlo”, dijo.
El pasado 12 de abril, el juez federal de una corte en Massachusetts que lleva la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos dijo que debe decidir si existen argumentos suficientes para continuar con el proceso o si debe desestimar el caso, lo cual podría tomarle semanas.
La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
