El juez federal de una corte en Massachusetts que lleva la demanda de México contra los fabricantes de armas de Estados Unidos tendrá que decidir si existen argumentos suficientes para continuar con el proceso o si debe desestimar el caso, lo cual podría tomarle semanas, informó el asesor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio Alcántara.
De acuerdo con el abogado, durante esta primera parte del proceso, el juez F. Dennis Saylor, en una corte en Boston, deberá determinar si los argumentos presentados por las compañías para desestimar el caso son sólidos o si se considera que se debe proceder con la demanda.
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Durante la audiencia de este día, el juez estadounidense cuestionó si permitir que México demande a los fabricantes de armas estadounidenses por facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga abriría la puerta a que otros países los demanden.
Citó como ejemplo a Italia con los integrantes de la mafia, a Irlanda con las armas que usó el Ejército Revolucionario Irlandés (IRA) o si Rusia podría presentar una demanda porque los ucranianos que luchan contra su ejército usan armas estadounidenses.
“Si los ucranianos están usando armas militares fabricadas en Estados Unidos o pistolas Smith & Wesson para defenderse, ¿puede el gobierno de Rusia entrar y decir que nos han causado daño?” preguntó. “Quiero decir, ¿por qué no, si tu teoría es correcta?”, cuestionó el juez durante la audiencia.
Alejandro Celorio dijo en conferencia posterior a la audiencia virtual, que duró 90 minutos, que el caso de México contiene características específicas para la relación entre ambos países, por lo que si otros países quisieran demandar tendrían que presentar sus propios argumentos.
“Esperamos que el juez resuelva a nuestro favor. Por la complejidad del litigio no esperamos una resolución sí o no, puede tener matices, pero en términos generales esperamos que el juez nos permita continuar”, dijo el consultor legal de la Cancillería.
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Debido a la cantidad de pruebas a revisar, Celorio dijo que tomará semanas para que el juez y su equipo puedan analizar todos los documentos, así como analizar los argumentos orales presentados hoy. Aclaró que aunque confía en que el proceso seguirá, no descarta apelar si el juez emite una resolución a favor de desestimar la demanda.
La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
Las señaladas argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.
Las firmas estadounidenses, que no respondieron a solicitudes de comentarios, también argumentaron que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de su país les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.
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México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.
Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.
Con información de Reuters
