Casi 30 fiscales de Estados Unidos presentaron este lunes un amicus curiae en defensa de la demanda del Gobierno de México contra fabricantes de armas con sede en territorio estadounidense.
Unos 27 fiscales de distrito y de condados de California, Arizona, Colorado, Georgia, Hawaii, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Texas, Vermont, Virginia y Washington, presentaron ante la corte que lleva el caso un documento en el que enlistan sus razones para apoyar la acción civil de México.
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Además, madres de víctimas de violencia armada, activistas y académicos presentaron el lunes una carta detallando los efectos “devastadores” del tráfico ilegal de armas en México en apoyo al gobierno mexicano en su demanda contra fabricantes de armas estadounidenses.
Los 25 firmantes del documento aseguraron en el documento que las armas que caen en manos de grupos criminales destrozan tanto vidas mexicanas como la “fábrica social” del país.
“Han alimentado el aumento de la violencia y los homicidios en México, se han llevado cientos de miles de vidas, han desplazado a decenas de miles de residentes y han costado al gobierno de México miles de millones de dólares en gastos militares y policiales,” indica el documento.
La carta se introdujo en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos justo antes de que el gobierno mexicano respondiera a los pedidos de las empresas fabricantes de armas para desestimar la demanda. Las demandadas son Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc., Sturm, Ruger & Co y Witmer Public Safety Group.
La demanda fue presentada en agosto de 2021 en la corte federal de Massachusetts con el argumento de que las prácticas comerciales negligentes e ilegales de estas empresas han provocado un gran derramamiento de sangre en México. El gobierno mexicano sostiene que las empresas saben que sus prácticas contribuyen al tráfico de armas a México y lo facilitan.
Las empresas han asegurado que existen muchos actores en el negocio de la venta de armas, que es legítima, y que en ese proceso se diluye su responsabilidad.
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Entre los firmantes de la carta del lunes está María Herrera, una mexicana que se convirtió en activista de defensa de derechos humanos tras sufrir la desaparición de cuatro hijos. Todo apunta a que fueron víctimas de grupos criminales. Herrera es una de las fundadoras de Red de Enlaces Nacionales, un grupo que pone en contacto a parientes de personas desaparecidas y organiza brigadas de búsqueda.
Otra firmante es María Isabel Cruz Bernal, fundadora de Sabuesos Guerreras, un colectivo de madres y parientes que buscan a seres queridos desaparecidos. El hijo de Cruz Bernal era un policía municipal que desapareció en Sinaloa después de que hombres armados se lo llevaran de su casa.
Otros firmantes son Iglesias por la Paz, Centro Prodh o Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.
México calcula que el 70% de las armas traficadas al país provienen de Estados Unidos, según la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2019, según estimaciones de la cancillería, al menos 17 mil homicidios estuvieron vinculados con esas armas.
