Este martes se lleva a cabo la audiencia ante un juez federal de Boston por la demanda del gobierno de México contra los principales fabricantes de armas de Estados Unidos, a quienes acusa de facilitar el tráfico de armas a los cárteles de la droga, lo que ha provocado miles de muertes en México.
Los abogados de los fabricantes de armas, entre ellas Smith & Wesson SWBI.O y Sturm, Ruger & Co RGR.N, han solicitado al juez de distrito F. Dennis Saylor que deseche la demanda que México presentó en agosto por 10 mil millones de dólares.
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De acuerdo con la defensa de los fabricantes de armas en sus argumentos iniciales es absurdo que las compañías deban considerarse responsables por un tiroteo que ocurre en Tijuana pero no en San Diego.
El juez preguntó a los abogados mexicanos si otros países deberían poder demandar a los fabricantes de armas cuando éstas se usan en sus países y citó como ejemplo a Italia con los integrantes de la mafia, a Irlanda con las armas que usó el Ejército Revolucionario Irlandés (IRA) o si Rusia debería demandar porque los ucranianos que luchan contra su ejército usan armas estadounidenses.
El equipo legal mexicano, encabezado por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, explica al juez que los fabricantes de armas estadounidenses actúan con negligencia y las consecuencias que ello produce en nuestro país.
Los abogados mexicanos aseguraron que el problema radica en que las compañías estadounidenses fabrican “armas de estilo militar” que se convierten fácilmente en ametralladoras en México y las compañías tienen conocimiento de que sus armas son traficadas a través de la frontera hacia los cárteles.
México acusó en su demanda que las empresas de socavar sus estrictas leyes en materia armamentística al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar sabiendo que equiparían a los cárteles de la droga, estimulando asesinatos, extorsiones y secuestros.
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La demanda argumenta que cada año se trafican a territorio mexicano más de 500 mil armas desde Estados Unidos, de las cuales más del 68% son producidas por las firmas demandadas, entre las que también se encuentran Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt’s Manufacturing Co y Glock Inc.
Las señaladas argumentan que el demandante no ha podido demostrar que el gasto financiero en que incurrió para la atención sanitaria, la aplicación de la ley y otros esfuerzos para hacer frente a la violencia con armas de fuego sea atribuible a la acción de los fabricantes.
Las firmas estadounidenses, que no respondieron a solicitudes de comentarios, también argumentaron que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de su país les protege de las demandas por el mal uso de sus productos.
México, sin embargo, dice que esa ley sólo excluye las reclamaciones por lesiones en Estados Unidos y no protegería a las compañías de las acusaciones por el tráfico de armas a delincuentes mexicanos.
Los fiscales generales demócratas de 13 estados junto con el Distrito de Columbia presentaron en enero escritos de apoyo a México, al igual que los países Antigua y Barbuda y Belice, que dijeron que los delitos violentos con armas habían perjudicado a América Latina y a las naciones del Caribe.
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