El Congreso de la Ciudad de México aprobó este martes el dictamen conocido como “Ley Ingrid“, con lo que se permite modificar el Código Penal de la capital del país con el objeto de sancionar a los servidores públicos que difundan imágenes o videos relacionados con hechos delictivos.
“Con el objeto de tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones vinculadas con hechos delictivos, el pleno aprueba las modificaciones al Art. 293 del Código Penal local”, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el Congreso local .
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Ingrid Escamilla fue víctima de feminicidio en febrero de 2020, luego de su pareja la apuñalara y quisiera deshacerse de los restos. Erick Francisco “N” fue denunciado por sus vecinos por lo que fue arrestado por autoridades capitalinas. Sin embargo, el caso provocó indignación en México, ya que en redes sociales y medios de comunicación se difundieron fotografías del cuerpo de la mujer.
Diversas colectivas feministas salieron a marchar el año pasado en todo el país para exigir justicia por el feminicidio de Ingrid, además de protestar contra aquellos que fueron responsables de difundir las fotografías.
El pasado 9 de febrero, a un año del feminicidio, familiares y activistas le rindieron homenaje a Ingrid con pancartas y veladoras encendidas en la explanada del Monumento a la Revolución, para exigir justicia por la muerte de la joven de 25 años, pues hasta ahora, Erick Francisco “N” continúa en prisión preventiva luego de que un juez de Control del Reclusorio Oriente le vinculara a proceso el 11 de febrero de 2020.
El Congreso de la capital del país aprobó las modificaciones correspondientes al Artículo 293 del Código Penal local en el que se estipula que toda aquella persona que difunda, entregue, revele, publique, transmita, comercialice o comparta imágenes o cualquier tipo de archivo multimedia del lugar de los hechos o de los hallazgos se enfrentará a dos o seis años de prisión, así como a una multa que oscila entre los 44 mil y 89 mil pesos.
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Si los archivos están vinculados a restos de mujeres, jóvenes o niñas ya sea en circunstancia de fallecimiento, lesiones o estado de salud, las penas incrementaran hasta al doble de las sentencias dictaminadas. Por otro lado, si el delito ese cometido por un servidor público las penas se incrementan todavía más.
La semana pasada, el Congreso de Oaxaca también aprobó una ley similar a la de Ingrid, con la que los servidores públicos que difundan imágenes relacionadas a algún delito pueden padecer una pena de hasta siete años de prisión.
