Al menos 250 repartidores de los servicios de entrega y reparto por apps de la Ciudad de México, agrupados en varios colectivos, presentarán en la primera semana de enero un recurso de amparo contra la reforma al Código Fiscal local con la que se impone una tasa del 2% al total de las ventas de estas plataformas y aplicaciones, aprobada como parte del Paquete Económico 2022 para la capital.
Así lo informaron a Latinus Saúl Gómez, fundador del colectivo Ni un repartidor menos, y Víctor Manuel Sánchez, dirigente del Sindicato de Conductores de Vehículos de Servicio (Siconvense). Ambos acusaron que este aprovechamiento aprobado en el Congreso de la CDMX, contrario a lo que afirman las autoridades capitalinas, será trasladado por las aplicaciones y plataformas a los repartidores y los usuarios.
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“Nosotros no lo vamos a pagar, pero vamos a ganar menos, ahí es donde se transmite, donde está el ‘secreto’ del aprovechamiento, que es un ‘derecho de piso’, esa es la realidad”, dijo Sánchez.
Detallaron que el amparo que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se interpondrá contra el gobierno de la CDMX al considerar que el impuesto aprobado el pasado 15 de diciembre viola el artículo 11 Constitucional –que garantiza el derecho a la libertad de tránsito–, toda vez que este se aplica a las plataformas de reparto por el uso de infraestructura pública.
Por su parte, Saúl Gómez, al ser cuestionado sobre la razón por la que las autoridades han insistido en que el impuesto de 2% para las apps de entrega y reparto no afecta a usuarios, repartidores o a los comercios, dijo que Salvador Juárez Galicia, procurador Fiscal de la CDMX, les dijo “no tener certeza de que no pudiera ser trasladado”, pero que “no era ilegal”.
“Ellos quieren justificar este nuevo impuesto creyendo que ellos saben cómo funcionan las aplicaciones. Cuando fuimos a una comparecencia del Procurador Fiscal de la Ciudad de México, dijo tajante: ‘No tengo la certeza de este nuevo gravamen no pueda ser trasladado a los repartidores, a los negocios o a los usuarios, pero no es ilegal’”, aseveró Gómez.
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“Entonces se montaron en el que ‘no es ilegal’, para decir que era válido”, remarcó.
Cabe recordar que el pasado 4 de diciembre la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum explicó que el impuesto de 2% entonces propuesto para los servicios de entrega y reparto por aplicaciones móviles no afectaría a las personas usuarias, repartidoras o a los comercios.
Luego de que representantes de organizaciones patronales se manifestaran un día antes en contra de la medida, la funcionaria argumentó que se trata de un cobro a las aplicaciones de las que la mayor parte de las ganancias salen fuera del país.
Para la jefa de Gobierno se trata de cobrar un impuesto a las aplicaciones que retienen la mayor parte de sus ganancias fuera del país y no tiene nada que ver con un gravamen a los comercios o a los servicios en la CDMX.
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Esta propuesta de impuesto, dijo, se debe a que los recursos no se quedan en la CDMX, pero los servicios que prestan si demandan servicios de la ciudad.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México expresó su rechazo por los nuevos impuestos, al considerar que afectarán la recuperación de empleos, así como la reactivación económica tras la pandemia.
“De aplicarse, serán un nuevo freno a la incipiente y lenta recuperación de los empleos y de la actividad productiva en la Ciudad, que muestra graves rezagos con lo que ocurre en el país”, manifestó la Coparmex CDMX mediante un comunicado difundido el 6 de diciembre.
Criticó la propuesta del gobierno encabezado por Sheinbaum: “Parece que su prioridad es la recaudación y no la reactivación”.
