Foto: Twitter.
EFE.- El cuerpo del joven José Eduardo Ravelo Echevarría, cuya muerte, ocurrida en la ciudad de Mérida, Yucatán, se investiga como un probable caso de abuso policial y sexual, fue exhumado por especialistas de la Fiscalía General de la República (FGR), indicaron fuentes ministeriales.
El cuerpo del joven de 23 años, sepultado el 8 de agosto en el panteón municipal de Isla, al sur del estado de Veracruz, de donde era originario, fue recuperado el sábado para practicarle otra autopsia y precisar las causas de su muerte, que ha provocado gran indignación social.
En la exhumación participaron agentes de distintas instituciones, como la Policía Federal Ministerial, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y Protección Civil del Estado, entre otras.
Una vez retirados los restos de la fosa fueron trasladados al Servicio Médico Forense del municipio de Cosamaloapan, donde los especialistas efectuarían diversos trabajos legistas.
La acción ocurre luego de que la FGR decidió abrir una investigación por el delito de tortura en el caso del joven presuntamente asesinado y violado por policías de Mérida.
La víctima fue detenida el 21 de julio por policías municipales de Mérida al haber lanzado una piedra a un local comercial, pero tras el arresto pasó cuatro días en cuidados intensivos en un hospital, donde le detectaron un pulmón perforado y desgarres en su ano, según ha denunciado su madre, María Ravelo.
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Aunque cuatro elementos policiales fueron detenidos como parte de las indagatorias, el 13 de agosto quedaron libres porque el juez afirmó que no hay pruebas suficientes, lo que generó indignación de la familia.
El alcalde de Mérida, el panista Renán Barrera, justificó la detención del joven porque, dijo, “estaba intoxicado” y por “alteración del orden público”, al asegurar que no había evidencia de abuso policial.
La FGR dijo que, atendiendo a la relevancia y trascendencia del caso y a las diversas denuncias presentadas, determinó ” iniciar una carpeta de investigación”, radicándola en la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura.
Como parte de las indagatorias se pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán la información respectiva y las autoridades federales se coordinaron con su homóloga de Veracruz para los trabajos de exhumación.
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El martes pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó la intervención de la FGR y un día antes prometió que habría justicia para José Eduardo.
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