Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. FOTO: AP/.
AP.- El gobierno y la oposición venezolana comienzan este viernes en la Ciudad de México un nuevo proceso de diálogo, el tercero en cuatro años, sobre el que no hay mayores expectativas de que pueda llegar a buen término, sobre todo porque sucede a escasos meses de unas elecciones regionales que pueden inyectarle presión y ruido a dichas negociaciones.
Los analistas coinciden en que la administración de Joe Biden, que se ha mostrado dispuesta a solucionar la crisis con Venezuela, puede jugar un papel fundamental en este proceso por el interés que tiene el gobierno de Nicolás Maduro de que levanten las sanciones contra el país sudamericano.
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A continuación presentamos un vistazo de los datos más relevantes del proceso:
A diferencia de los procesos de diálogo que se realizaron en 2017, 2018 y 2019, en esta oportunidad, el gobierno de Maduro va en una posición de fortaleza frente a la oposición, que está muy debilitada, fracturada y sin mayor capacidad de presión en las calles ni poder político tras la pérdida este año de la Asamblea Nacional, que era su último bastión.
Los analistas apuntan a que el único interés que tiene Maduro en estas negociaciones es lograr que el gobierno de Biden flexibilice las sanciones que se endurecieron durante la administración de su antecesor, Donald Trump. “La expectativa del gobierno de Maduro de ir a la mesa es para obtener concesiones no de la oposición, sino del gobierno estadounidense”, afirmó Mariano De Alba, asesor senior de la ONG, International Crisis Group.
La coalición opositora, encabezada por Juan Guaidó, ha planteado que buscará en estos diálogos promover la iniciativa del “acuerdo de salvación nacional” y un plan de importación masiva de vacunas para ayudar a palear la compleja crisis económica, social y sanitaria que enfrentan los venezolanos, así como un cronograma electoral y condiciones electorales transparentes y democráticas, especialmente de cara a los comicios de gobernadores y alcaldes previstos para el 21 de noviembre, proceso sobre el cual aún no hay consenso entre las fuerzas opositoras para participar.
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De Alba asegura que la oposición “tiene muy poco poder de negociación” para presionar sobre su aspiración de unas elecciones presidenciales y parlamentarias, y señaló que lo queda es tratar de avanzar para lograr “mayores condiciones” para ir a la votación de noviembre y algunos acuerdos parciales para tratar de “reinstitucionalizar” al país.
Si bien el gobierno de Biden se ha mostrado a favor de que se logre una salida negociada a la crisis venezolana y aceptó el mes pasado levantar una sanción contra el gobierno de Maduro para permitir a las compañías no estadounidenses exportar a Venezuela gas licuado de petróleo, aún no está claro hasta qué punto llegará para flexibilizar el resto de las sanciones.
David Smilde, asesor principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), considera que la administración de Biden, junto con la Unión Europea y Canadá, “están dispuestos a negociar las sanciones aunque Nicolás Maduro esté en el poder”.
Ante las elecciones intermedias de Estados Unidos, previstas para el año próximo, algunos analistas estiman que es muy posible que Biden no tome decisiones a favor del gobierno venezolano que puedan complicar las opciones del Partido Demócrata, especialmente en el estado de la Florida, donde hay una importante comunidad cubana y venezolana que está en contra de Maduro.
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La compleja situación generada a nivel mundial por la pandemia del coronavirus, lo prolongado de la crisis venezolana y el fracaso de los anteriores procesos de diálogo han debilitado el interés de la comunidad internacional por Venezuela, lo que hace prever que los resultados de este proceso dependerán exclusivamente de los actores venezolanos.
Para este proceso de diálogo, apoyado por Noruega, se asomó la posible participación de representantes de Rusia, Argentina, Holanda y Francia que acompañarían a los delegados del gobierno y la oposición, pero aún no está claro cómo sería su intervención.
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