AP .- Boys Scouts of America (BSA) llegó a un acuerdo de 850 millones de dólares con los abogados que representan a alrededor 60 mil víctimas de abuso sexual infantil en lo que podría ser un momento crucial en el caso de bancarrota de la organización.
El acuerdo marcaría una de las sumas más grandes en la historia de Estados Unidos que involucra casos de abuso sexual.
Los abogados de la BSA presentaron a última hora de este jueves documentos judiciales en los que se describe un acuerdo de apoyo a la reestructuración (RSA), con los litigantes que representan a las víctimas de abusos.
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El acuerdo incluye tanto al comité oficial de demandantes, que actúa como encargado del fideicomiso en el caso de bancarrota para todas las víctimas de abusos, como un grupo de demandantes separado llamado Coalición de Scouts Abusados por la Justicia.
También incluye a los abogados que representan a los consejos locales de Boys Scouts y a la defensa designada para representar a las víctimas que puedan presentar futuras reclamaciones.
“Después de meses de intensas negociaciones, los deudores han llegado a una resolución con cada uno de los funcionarios y principales acreedores en estos casos del Capítulo 11”, escribieron los abogados de BSA.
El acuerdo señala el reconocimiento de la BSA de que el abismo entre los abogados que representan a las víctimas de abusos y los que representan a las aseguradoras de la BSA es actualmente demasiado amplio para ser resuelto.
La organización Boy Scouts of America, con sede en Irving, Texas, solicitó la protección por bancarrota en febrero de 2020, con el fin de detener cientos de demandas y crear un fondo de compensación para los adultos que fueron abusados cuando eran jóvenes hace décadas por maestros scouts u otros líderes.
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Sin embargo, los abogados de la BSA no pudieron conseguir que los abogados de las víctimas, los consejos locales de la BSA y las organizaciones patrocinadoras, así como las aseguradoras, se pongan de acuerdo en una resolución global que compense a las víctimas de abusos al tiempo que permita a la BSA seguir operando.
En una presentación judicial anterior, los abogados de algunas compañías de seguros acusaron a la BSA de permitir que los abogados de las víctimas reescribieran el plan de reestructuración anterior para incluir términos favorables a sus clientes.
“Con sólo el zorro cuidando el gallinero, el resultado está totalmente en desacuerdo con lo que la propia BSA afirmó que era necesario para un plan confirmable y es permisible bajo el código de bancarrota”, escribieron las aseguradoras.
Mientras tanto, en relación con el acuerdo de apoyo a la reestructuración, los abogados de los Boy Scouts están pidiendo que la jueza Laurie Selber Silverstein declare que no tienen obligación de buscar la aprobación judicial de un acuerdo previamente anunciado con The Hartford, una de las aseguradoras de la BSA.
The Hartford acordó pagar 650 millones de dólares al fideicomiso de las víctimas a cambio de quedar exento de cualquier otra obligación en virtud de las pólizas que datan de 1971.
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El acuerdo permitía a The Hartford pagar una cantidad menor si la BSA o el fideicomiso de liquidación llegan a un acuerdo con la aseguradora Century Insurance Group, pero la cantidad de la liquidación de Century es inferior al doble de la de The Hartford, es decir, un millón 300 mil dólares.
Los Boy Scouts han dicho que entre 2 millones 400 mil y 7 millones 100 mil dólares, incluyendo los derechos del seguro, podrían estar disponibles para las víctimas de abusos. Los abogados del comité de demandantes por daños y perjuicios (TCC) estimaron el valor de unas 82 mil 500 demandas por abusos sexuales en unos 103 mil millones de dólares.
Con los cambios, la contribución propuesta por la BSA al fondo de inversión aumentaría de unos 120 millones de dólares según el plan anterior a unos 250 millones de dólares.
Según el nuevo plan que se espera presentar mañana viernes, los 250 consejos locales de la BSA contribuirían con 600 millones de dólares al fondo para las víctimas de abusos, el doble de la oferta de 300 millones de dólares de principios de este año.
A cambio de sus contribuciones al fondo del fideicomiso y de la transferencia de los derechos del seguro, la BSA y los consejos locales quedarían exentos de responsabilidad. La audiencia del caso está prevista para el 20 de julio.
