El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ordenó este jueves la suspensión temporal de las ejecuciones federales programadas en el país, ya que, asegura, existen “serias preocupaciones sobre la arbitrariedad de la pena capital”.
Mediante un comunicado, Garldand señaló un impacto dispar en las ejecuciones de personas de color, así como “el preocupante número de exoneraciones” en los casos de pena de muerte.
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“El Departamento de Justicia debe garantizar que todos en el sistema de justicia penal federal no sólo gocen de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, sino que también sean tratados de manera justa y humana“, dijo.
De acuerdo con el documento, en los últimos dos años el departamento realizó una serie de cambios en las políticas y procedimientos de casos capitales; sin embargo, no se instauró un nuevo protocolo para la administración de inyecciones letales en la Oficina de Prisiones, por lo que sólo se empleó la droga pentobarbital.
El memorando del fiscal general Garland ordena al Fiscal General Adjunto que dirija una revisión múltiple de los siguientes cambios:
Una revisión coordinada por la Oficina de Política Legal del Addendum al Protocolo Federal de Ejecución, adoptado en 2019, que evaluará, entre otras cosas, el riesgo de dolor y sufrimiento asociado al uso de pentobarbital.
Una revisión coordinada por la Oficina de Política Legal para considerar los cambios en las regulaciones del Departamento de Justicia realizados en noviembre de 2020 que expandieron los métodos de ejecución permitidos más allá de la inyección letal y autorizaron el uso de instalaciones y personal estatales en ejecuciones federales.
Y finalmente, una revisión de las disposiciones sobre casos capitales del manual de justicia, incluidos los cambios de diciembre de 2020 y enero de 2021 para acelerar la ejecución de las sentencias capitales.
En ese sentido, Garland ordenó una revisión del protocolo de inyección letal revisado y ordenó a la Oficina de Prisiones que dejara de usar ese método mientras está en marcha. También dijo que el departamento estudiaría un reglamento de la administración Trump que permitía a las cárceles federales llevar a cabo ejecuciones de cualquier manera autorizada por el estado donde se impuso la pena de muerte.
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