Por Isabella González
En febrero de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló 12 irregularidades en la construcción de la Línea 12.
El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (IRFSCP) de 2013 confirmó las fallas denunciadas por el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que en 2014, suspendió el tramo elevado de la Línea 12, a apenas dos años de haber sido inaugurado.
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De acuerdo con la entidad fiscalizadora, después de revisar nueve contratos de la Línea 12, el gobierno del entonces jefe del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, pagó al consorcio alemán integrado por las firmas DB International GMBH, ILF Beratende Ingenieure A.G., TÜV SÜD Rail, GMBH y Hamburg Consult GMB, la certificación de la obra sin que estuvieran concluidos los trabajos en los sistemas electromecánicos, de energía, señalización y sonido.
La certificación fue cobrada por 188 millones 636 mil pesos y se firmó el 30 de octubre del 2012, el día en que Ebrard, Mancera y el entonces presidente Felipe Calderón inauguraron la Línea 12, de acuerdo con la ASF.
Otras irregularidades que señaló fueron la omisión de trabajos, falta de instalación de equipos y obras inconclusas; y incompatibilidad entre el riel y de la rueda, que podría generar desgastes acelerados y originar inestabilidad.
Asimismo, la entidad fiscalizadora manifestó que el peso del tren inducía esfuerzos extraordinarios a las vías, deteriorándolas y reduciendo su vida útil y que los ensayos realizados por Systra mostraron problemas en las curvas con radio reducido, menores a 350 metros. El órgano expuso que el tren podía operar con seguridad pero que estaba en el límite aceptado y que el diseño de los trenes sumó fallos al detectarse vibraciones de los ejes de las ruedas.
Aseveró que no se respetaron normas al colocar el sistema de lubricación y que se fabricaron ruedas más duras que los rieles, factores que contribuyeron a la aparición exponencial del desgaste ondulatorio.
La ASF alertó que el consorcio constructor, integrado por ICA, Carso y Alton, hizo soldaduras fuera de las normas y con herramientas distintas a las que indicaba el fabricante del material.
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En 2015, la ASF pidió a la Contraloría General del Distrito Federal iniciar procedimientos para sancionar a los servidores públicos responsables. La obra tuvo un costo de más de 26 mil millones de pesos y la suspensión del tramo elevado de la Línea afectó a más de 450 mil usuarios al día.
Más de un año y medio después de haber sido suspendido su uso el tramo fue reabierto luego de que se sustituyeran durmientes y vías de la Línea 12.
Aunque cuando se le entregó la obra, Mancera dijo que recibía la llamada Línea Dorada como “segura y operable”, en 2014, las autoridades de su gobierno comenzaron a denunciar fallas en la línea.
