Por Enrique Pons Franco
En la administración priista del presidente Enrique Peña Nieto se exhibió la llamada “estafa maestra”, la cual se construyó por medio de un sofisticado sistema financiero, que permitió que durante 2013 y 2014 se utilizaran 128 empresas para desaparecer cerca de 3 mil 500 millones de pesos del erario. En 2020, no puede pasar inadvertido que para el Gobierno de Chihuahua bastó un decreto aprobado por mayoría de 25 diputados (aquí lo puedes leer), y la firma de un gobernador panista para disponer de un plumazo, con el pretexto de la Covid-19, del producto de las rentas del patrimonio de miles de chihuahuenses, una “estafa maestra inmobiliaria”.
Desde que la Covid-19 alcanzó a México se ha exigido, por obvias razones y con justa razón, que los gobiernos federal, estatal y municipal, apoyen con estímulos fiscales y económicos a todos los sectores y segmentos de la sociedad para reactivar la economía. Esto no puede llevarse al extremo, como está pasando en Chihuahua, donde se realizaron reformas al Código Civil estatal y se emitió un decreto para regalar las rentas de los bienes inmuebles, claro está, con cargo y costillas del bolsillo de los propietarios mientras dure la epidemia.
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El pasado 28 de octubre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, las reformas a los artículos 1691-e y 2330 del Código Civil. En ellas se reconoce a las epidemias de carácter grave, declarados por la autoridad federal o estatal, como causa justificada de incumplimiento del pago de las rentas cuando se impida el uso del bien dado en arrendamiento, sin que con ello se entienda que se incurre en mora, durante todo el tiempo que dure la contingencia sanitaria.
Pero se pone peor. Dicho decreto dispone que será retroactivo al mes de marzo del 2020. Además, los contratos de arrendamiento que se encuentren en curso deberán ajustarse a la nueva norma. Por si fuera poco, la nueva legislación obliga a que los jueces que atienden controversias derivadas del impago de rentas durante el 2020, dictarán sus sentencias en apego a la nueva ley.
Para que quede más claro, te pongo un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que eres propietario de un local comercial destinado a un restaurante. Con motivo de la Covid-19 (como sucedió) se paralizaron por meses las actividades de ese y muchos otros giros, por lo que cuando llegas a pedirle a tu inquilino que te pague las rentas caídas te dice que no te va a pagar porque la ley le ampara. Optas por pedir ante un juez la rescisión del contrato por incumplimiento y las rentas que no te pagaron.
Sin embargo, te responden que no es posible, porque el Código Civil considera que no pagar la renta a causa de una epidemia no se considera mora. Sí, claro, lo puedes revertir mediante un juicio de amparo, que con toda seguridad ganarás, en unos tres años, ¿y mientras?
Fue así, con una segunda “estafa maestra”, que tiene como víctimas directas a personas que invirtieron el producto de su trabajo en un patrimonio inmobiliario, que el gobierno local, sin poner un solo peso del presupuesto, atropellando los derechos y garantías de los particulares, desvió millones de pesos del dinero de los particulares al no permitirle recuperar o recibir sus rentas a aproximadamente el 15% del mercado de inmuebles en Chihuahua (el otro 85% lo tiene el sector residencial), según las cifras de uso de arrendamientos del portal especializado Lamudi en su Reporte del Mercado Inmobiliario 2020.
Finalmente, cruza los dedos para que medidas similares no se repliquen en otros estados de la República. Te espero en Twitter como @enrique_pons y en Facebook como Enrique Pons Franco. Nos leemos la próxima semana.
