El derecho a grabar a la autoridad

El derecho a grabar a la autoridad
Foto: Shutterstock

Por Enrique Pons Franco

El derecho a grabar suena implícito para los usuarios de un dispositivo electrónico, pero ¿existe en alguna ley este derecho para los mexicanos?

En principio, nuestra Constitución garantiza el derecho a informarnos y a difundir ideas sin ninguna restricción, salvo que afecte los derechos de terceros. Incluso, podríamos suponer que esos derechos implícitamente abarcan tu derecho a grabar a las autoridades ejerciendo funciones públicas, pero no siempre se entiende así.

Hoy las redes sociales nos han demostrado que si algo remarcable ocurre, usualmente hay una cámara cerca, lista para registrar el momento. Muchas otras veces las personas prefieren evitarlo por el temor de su propia seguridad, o bien, por la falsa creencia que han popularizado los servidores públicos (especialmente las encargadas de la seguridad pública) de que “es ilegal grabar a una autoridad”. No existe una disposición expresa que prohíba tomar video de funcionarios en situaciones que estén ocurriendo en un espacio público, aunque tampoco existe ninguna que nos ampare ese derecho.

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Si bien, las autoridades también son personas que tienen derecho al honor, imagen e intimidad, al estar ostentando un cargo público también tienen la obligación de ser transparentes en sus funciones y rendir cuentas de éstas.

De acuerdo a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esos derechos, al relacionarse con sus actos como autoridad, no pueden privilegiarse sobre el resto de los derechos humanos de la población –esto tomando en cuenta el tamaño de las transgresiones que se cometen en México–. No es un secreto que, en el país contamos con una cantidad significativa de casos de violaciones de derechos humanos por las autoridades. Lamentablemente, tal como hay autoridades genuinamente entregadas al deber y bienestar de los ciudadanos, también hay muchos que abusan de su poder.

Particularmente en estos tiempos de Covid-19, se ha observado el registro multimedia de tantas de estas vulneraciones. Es importante que no quede duda que como ciudadanos tenemos el derecho a denunciar conductas que puedan estar violentando derechos por parte de quienes están obligados a procurarlos, siempre que no se obstaculice el ejercicio de sus funciones.

Clarísimo ejemplo es el caso del joven albañil Giovanni López, que, tras no utilizar cubrebocas, fue sometido con una fuerza excesiva, detenido de forma ilegal y asesinado mientras se le tenía privado de su libertad. El único motivo por el que nos enteramos de esto, fue por la videograbación de su detención que provocó la indignación nacional. Las autoridades estuvieron obligadas a señalar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

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Esta pretensión de las autoridades de indicar que no se les grabe, se origina por el miedo, más no de la legalidad. No existe razón para que un servidor público pueda sentirse evidenciado, siempre que se conduzca conforme a derecho, e incluso, le permite probar haber actuado adecuadamente, de suscitarse una controversia.

Con la incorporación cada vez más fuerte de la tecnología en nuestras vidas, nuestro mundo ha cambiado de muchas formas, y, la validación de un mecanismo de registro de la verdad, debe ser una de ellas. Ahora que pasamos más tiempo en casa, mirando por la ventana de las redes sociales lo que pasa, es más importante que nunca fomentar la participación ciudadana y la cultura de comunidad ante las injusticias.

Ojalá esta reflexión que les comparto hoy llegue a manos de algún integrante del Poder Legislativo para que pueda volverse una realidad en nuestra esfera jurídica, de ser así, ¡yo le ayudo a construir la iniciativa!

Te espero en Twitter como @enrique_pons y en Facebook como Enrique Pons Franco. Nos leemos la próxima.

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