Por Isabella González y Mario Gutiérrez Vega
El gobierno de la Ciudad de México le exigió a la empresa DNV corregir supuestas deficiencias técnicas de su último informe sobre el colapso de la Línea 12 del Metro, de no hacerlo rechazaría el reporte.
A través de cuatro oficios fechados entre febrero y abril, el gobierno capitalino le señaló a DNV que, como su cliente, tiene el derecho de cambiar el contenido de los reportes, de acuerdo al contrato firmado por ambos.
En el primer oficio, del 25 de febrero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos enlistó 18 observaciones de supuestas deficiencias.
Entre los principales señalamientos que el gobierno de la Ciudad de México le hizo a DNV se encuentra el uso de fotos de Google Maps como evidencia de que el tramo colapsado estaba pandeado.
Sin embargo, la secretaría no mencionó nada acerca de las imágenes que capturaron drones contratados por el mismo gobierno capitalino para realizar una inspección de la Línea 12 en 2019.
Esas imágenes también fueron citadas en los peritajes por la compañía noruega para acreditar que el tramo elevado se veía dañado antes del colapso del 3 de mayo de 2021, el cual provocó la muerte de 26 personas.
Otra de las acusaciones del gobierno de la ciudad a DNV fue que no siguió la metodología BSCAT, la cual fue desarrollada por la compañía noruega.
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En el mismo documento del 25 de febrero, recriminó que DNV no hizo un análisis de cada barrera propuesta, que no explicó los criterios para elegir éstas y que no fue clara con la definición del concepto de barrera.
De acuerdo con el último reporte de la compañía, las barreras son controles o prácticas que fallaron al prevenir que una amenaza se vuelva un evento mayor.
A diferencia de los primeros dos informes, este reporte señaló que el mantenimiento podría haber evitado el accidente.
Además, el gobierno de Claudia Sheinbaum criticó que no se fortaleciera la hipótesis de que el colapso se debió a deficiencias constructivas en pernos y soldaduras.
En los cuatro oficios es evidente una clara confrontación entre el gobierno de la ciudad y DNV.
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En una de sus respuestas, la compañía aseveró que no estaba de acuerdo con los señalamientos del gobierno y afirmó que sí había seguido su metodología.
El 31 de marzo, el representante legal de la empresa noruega envió al gobierno la factura correspondiente al tercer reporte por un monto de 10 millones 898 mil pesos.
Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México insistió en que DNV atendiera los señalamientos que le envió desde el 15 de febrero.