Por Julio Astorga
El ministro Luis María Aguilar presentó un nuevo proyecto de resolución para la acción de inconstitucionalidad sobre la prisión preventiva oficiosa, para ser discutido en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El proyecto reelaborado propone declarar a la prisión preventiva oficiosa como una medida cautelar no automática, pues es considerada violatoria de los derechos humanos, de libertad personal y de la presunción de inocencia.
La nueva propuesta se origina después de que el 8 de septiembre pasado, los ministros Aguilar y Norma Piña Hernández retiraron sus respectivos proyectos al no alcanzar en el pleno un consenso sobre su constitucionalidad.
Ambos proponían declarar a la prisión preventiva oficiosa como violatoria de los derechos humanos e inaplicar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional, lo que causó controversia entre los 11 ministros integrantes de la Corte.
Dicho párrafo permite la prisión preventiva oficiosa en diversos delitos, como abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, secuestro, y uso de programas sociales con fines electorales, entre otros.
En este nuevo proyecto, el ministro Aguilar propone que los jueces de control estudien de oficio la conveniencia de aplicar la prisión preventiva oficiosa privativa de la libertad, sin que medie solicitud del Ministerio Público.
De esa manera, se estaría ante una interpretación del artículo 19 constitucional conforme a los derechos humanos y el principio pro persona, es decir, que el juez elija la norma que más favorezca a la persona.
Lo que sí mantiene el proyecto es declarar la invalidez del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y disposiciones de las leyes de Seguridad Nacional y contra la Delincuencia Organizada, pues considera que "la seguridad nacional no puede emplearse para justificar cualquier límite que el Estado imponga a las personas".
El ministro Aguilar aclara que no se propone la desaparición de la prisión preventiva oficiosa ni su resolución tendrá efectos retroactivos, por lo que de aprobarse, no significaría la liberación automática de miles de imputados bajo esta figura.
Este nuevo proyecto fue hecho público sin definir la fecha para su discusión en el pleno de la SCJN. El ministro presidente, Arturo Zaldívar, dijo la semana pasada que la agenda del pleno de la Suprema Corte ya está llena, por lo que veía difícil que se pudiera enlistar un tema de trascendencia que requiriera varias sesiones para poder discutirse, aunque no descartó esa posibilidad.