El ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, publicó un nuevo proyecto que propone interpretar la Constitución para aplicar la medida de prisión preventiva oficiosa, después de que retirara una propuesta previa el pasado 8 de septiembre para modificarla.
El proyecto resuelve las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y 136/2019, que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por un grupo de senadores.
No te pierdas: Ministro Aguilar presentará nueva propuesta ante la Corte que consense posiciones en torno a la eliminación de la prisión preventiva oficiosa
El documento que se presentará ante el pleno de la Suprema Corte considera que la prisión preventiva oficiosa no se debe entender como una medida cautelar que se establece de manera automática y el juez debe analizar si se impone.
También señala la necesidad de interpretar el artículo 19 de la Constitución General, en conjunto con derechos, principios y directrices constitucionales: “a efecto de mantener una coherencia en el sistema jurídico mexicano y, de este modo evitar la formación de antinomias y la restricción de los derechos humanos”.
Con la finalidad de conciliar y armonizar a los derechos humanos relacionados con esta medida cautelar.
En su proyecto pasado, el ministro dijo que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación armonizar el sistema jurídico mexicano y optar por la mayor protección de los derechos humanos. No armonizar el artículo 19 sería inaplicar el primer constitucional, consideró, antes de retirarlo.
La propuesta de Aguilar Morales puntualiza que de aprobarse esta modificación, no se desaparecería la prisión preventiva, por lo que tampoco se liberaría a las persona que están presas bajo esta medida.
Visita: “Que la Corte busque invalidar la prisión preventiva oficiosa retorciendo la ley sería una chicanada”: AMLO
En el análisis anterior, la mayoría de los ministros se posicionó a favor de que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos, pero no compartieron su metodología, porque consideraron que el proyecto proponía invalidar un artículo de la Constitución.
