Por Montserrat Peralta
Las fiscalías locales anticorrupción han fallado en llevar sus casos a las últimas consecuencias: de las 49 mil 857 carpetas de investigación abiertas en conjunto, sólo 300 casos concluyeron el proceso penal, ya sea por sentencia, criterio de oportunidad o procedimiento abreviado.
Es decir, la eficacia de 30 fiscalías anticorrupción en conjunto es menor al 1%, lo que muestra el mínimo combate a los delitos relacionados con corrupción en el ámbito local.
Lee también: Problemas operativos y falta de presupuesto inmovilizan a los sistemas estatales anticorrupción
Latinus pidió a las 32 fiscalías estatales anticorrupción estadísticas y documentos que permitieran medir sus acciones y logros desde la creación de cada una hasta el 28 de julio de 2021. Treinta respondieron, mientras que Hidalgo no entregó información y la procuraduría de Baja California Sur dijo que no era competente para atender la solicitud.
Hay fiscalías anticorrupción que no reportaron ni una sola sentencia, como Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Guerrero, San Luis Potosí y Tlaxcala, de acuerdo con datos oficiales obtenidos por Latinus vía transparencia.
Según la información recabada, 36% de las carpetas de investigación en 27 estados se encuentran en archivo temporal; otras 12 mil 715 están en la etapa de la investigación inicial, 243 en investigación complementaria y en 4 mil 371 se determinó el no ejercicio de la acción penal. Al corte del 28 de julio de 2021, había 617 vinculaciones a proceso.
Latinus solicitó el desglose de las etapas procesales de cada una de las investigaciones sobre corrupción, pero cada fiscalía o procuraduría entregó de manera distinta las estadísticas y sin uniformidad metodológica. La falta de datos iguales y coherentes imposibilita saber las acciones que las fiscalías tomaron ante casos de corrupción estatal.
Entérate: Apagan el sistema anticorrupción de la CDMX: no le han entregado recursos en 2021
"Limitado uso de la herramienta penal en el combate a la corrupción, poca efectividad en la investigación de casos de corrupción y baja judicialización y enjuiciamiento de los casos de gran corrupción", señala el informe "Levantemos la Voz de las Fiscalías Anticorrupción" elaborado por el Instituto Mexicana para la Competitividad (IMCO) y Tojil sobre el actuar de estas agencias locales.
El informe encontró que 29 fiscalías carecen de un protocolo de protección a testigos, entregas vigiladas y operaciones encubiertas. Respecto a la falta de autonomía, registró que 10 nombramientos de los fiscales estatales anticorrupción dependen del fiscal general de la república.
En cuanto a los recursos recibidos, IMCO y Tojil se percataron que de 2019 a 2020 se redujo el dinero para ocho fiscalías estatales y 24 no tienen independencia presupuestal.
El capital humano también juega un papel importante ya que el promedio nacional del personal en las fiscalías anticorrupción es de 12 ministerios públicos, siete policías de investigación y cuatro peritos.
Este es el promedio, pero hay casos extremos como San Luis Potosí, donde hay dos ministerios públicos y un policía.
En el ámbito federal, las deficientes estadísticas en las investigaciones por delitos de corrupción es similar. El pasado 21 de octubre, Latinus publicó que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General de la República, sólo ha logrado dos sentencias.