Reuters.- “¿Cansado de no tener electricidad?”, dice la publicación del 10 de julio de un grupo de Facebook destinado a habitantes de la pequeña ciudad cubana de San Antonio de los Baños.
“¿Harto de tener que escuchar la insolencia de un gobierno que no se preocupa por usted?”, era otra de las preguntas. “Es hora de salir y de exigir. No critiques en casa: hagamos que nos escuchen”.
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Al día siguiente, el 11 de julio, miles salieron a la calle en San Antonio de los Baños, una ciudad de unas 50 mil personas, a unos 30 kilómetros al suroeste de La Habana, en la que fue la primera de una serie de protestas sin precedentes en el país.
El malestar por la propagación de la pandemia y los confinamientos ha ido creciendo en América Latina y el Caribe porque debido al aumento de los índices de pobreza. Sin embargo, históricamente, en Cuba las autoridades han controlado los espacios públicos bajo el argumento de que la unidad nacional es clave para resistir los intentos de golpe del viejo enemigo de la Guerra Fría: Estados Unidos.
El levantamiento, el más grande de Cuba desde la revolución de Fidel Castro en 1959, pareció en gran parte espontáneo, ya que los cubanos desahogaron frustraciones por las largas colas para conseguir alimento, los cortes de energía, la escasez de medicamentos, el manejo de la pandemia de Covid-19 y las restricciones a las libertades ciudadanas.
Una investigación del medio cubano independiente, El Estornudo, citado por la televisión estatal y confirmado por Reuters, mostró recientemente que la primera protesta fue convocada “online” por un foro comunitario de San Antonio de los Baños para los lugareños y los que habían emigrado.
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El grupo de Facebook “Villa del humor”, como se conoce a San Antonio, urbe que alberga un festival cómico bienal, se creó por primera vez en 2017 como un espacio social, según uno de sus tres administradores, Alexander Pérez.
Pero con el tiempo se convirtió en un espacio cívico para discutir preocupaciones, según Pérez, quien también es un pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y emigró de San Antonio a México en 2010 y, luego, a Miami hace dos meses.
Este hombre de 44 años aseguró que él y los otros administradores, Danilo Roque y Lázaro González, esperaban alentar a los cubanos para que reclamen por sus derechos a través de protestas pacíficas en lugar de simplemente quejarse en línea o en casa.
Ni Roque ni González, a quien Pérez describió como dos jóvenes que vivían en San Antonio operando bajo seudónimos para evitar represalias, respondieron a una solicitud de comentarios. Pérez explicó que habían decidido no dar entrevistas para resguardar sus identidades.
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La historia muestra cómo la reciente expansión del acceso a Internet en Cuba ha cambiado las reglas del juego al fomentar las plataformas de redes sociales para compartir críticas y dejarle la puerta abierta a las manifestaciones. Además, revela cómo el fortalecimiento de las relaciones con la diáspora cubana, gracias a Internet y a una mayor libertad de movimiento, influye en la política de base en la isla.
Las comunidades virtuales como “La Villa del Humor” existen en el país y los migrantes instan a los locales a seguir protestando, mientras cubanos en el extranjero realizan marchas de solidaridad frente a las embajadas cubanas y, a veces, instan a la violencia y el sabotaje.
Todo esto plantea un reto al gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, que permite un acceso relativamente ilimitado a Internet, a diferencia de China, uno de sus aliados, que bloquea muchas aplicaciones de redes sociales occidentales y censura el contenido delicado en la web.
Cuba ha culpado por las protestas a contrarrevolucionarios respaldados por Estados Unidos, un país que durante décadas ha buscado abiertamente forzar reformas en su vecino mediante sanciones, bloqueos y el financiamiento de programas democráticos. La Habana sostiene que han estado fomentando la agitación por Internet.
Los administradores de la “Villa del Humor” no recibieron ningún financiamiento estadounidense ni coordinaron protestas con otros pueblos, según Pérez.
“Los fotos de las redes sociales por sí solos no pueden explicar la ola de ira pública que Cuba experimentó el 11 de julio”, asegura el experto William LeoGrande, coautor de un libro sobre las relaciones de Cuba y Estados Unidos.
Cuba, donde el gobierno tiene el monopolio de las telecomunicaciones, ha sufrido interrupciones intermitentes del acceso a Internet y las redes sociales desde el 11 de julio, en lo que los activistas aseguran que es un intento por evitar más disturbios.
Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa sobre los desórdenes, el canciller Bruno Rodríguez no confirmó ni negó que fueran intencionales las interrupciones, pero subrayó el “derecho de Cuba a defenderse”.
Las protestas se extinguieron en un par de días tras los cortes de Internet, un gran despliegue de fuerzas de seguridad en las calles y una ola de detenciones.