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Avanza en el Senado reforma que da mayores facultades a la UIF contra lavado de dinero; niegan terrorismo fiscal
Miércoles 18 de Junio de 2025
CONGRESO DE LA UNIÓN

Avanza en el Senado reforma que da mayores facultades a la UIF contra lavado de dinero; niegan terrorismo fiscal

Los legisladores aprobaron la iniciativa en comisiones, la cual reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera como víctima en los delitos en que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero

Créditos: X Senado de la República
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El Senado de la República aprobó en comisiones modificaciones a la "ley antilavado" para dar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contra el financiamiento al terrorismo y redes del narcotráfico.

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, autor de la reforma, negó que los cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, permita el terrorismo fiscal hacia los contribuyentes. 

“No se investiga a las personas o instituciones por sospechosas. Lo que se investiga son movimientos financieros relevantes que resultan, por lo tanto, sospechosos de que pudieran constituir mecanismos de lavado de dinero. Es una verdadera falacia el señalamiento de que se podrán investigar las cuentas bancarias de todos los mexicanos”, aseveró.

Durante la sesión de las comisiones de Unidad de Justicia y de Estudios Legislativos, la senadora Guadalupe Murguía (PAN) alertó que los cambios a la ley puedan permitan a la UIF solicitar —sin orden judicial— información a instituciones financieras, fiscalías y organismos, datos de los mexicanos, lo que podría utilizarse por el gobierno para perseguir a opositores. 

La reforma reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera como víctima en los delitos de lavado de dinero en los que se utilicen servicios de instituciones del sistema financiero, lo que asegura su participación activa en las investigaciones y procesos penales, y no sólo la Fiscalía General de la República (FGR) como hasta ahora. 

Incluso, obliga a la FGR a dar aviso a la UIF cuando detecte un delito de lavado de dinero, para recabar la denuncia y ejercer acción penal, a fin de identificar redes criminales, recuperar activos.

Ordenar que los partidos políticos y sindicatos entreguen a la UIF avisos en caso de sospecha de actividades de blanqueo de dinero.

Se elimina la obligación del Ministerio Público de demostrar dolo específico para sancionar la presentación de información falsa, alterada o ilegible por parte de sujetos obligados de presentar avisos de actividades sospechosas, así como la modificación de información o documentos destinados a ser incorporados en los avisos.

Con una adición al artículo 51 de la ley, plantea que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la Secretaría de Hacienda, la información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones.

El INE será el encargado de proporcionar la información que se requiera de los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partido.

A su vez, las secretarías del Trabajo y Previsión Social, federal y locales, serán las encargadas de proporcionar la información de los sindicatos y sus dirigentes.

La reforma fue aprobada por 23  votos en favor de senadores de Morena, PT y PVEM. Se registraron seis abstenciones.

Personas políticamente expuestas

La reforma incorpora en la ley la definición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) para obligar a las instituciones financieras a identificar y monitorear las operaciones con estos clientes.

Se incluye un Manual de Políticas Internas para supervisar transacciones con PEP y sistemas automatizados para su seguimiento.

En este tema, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, alertó el riesgo de que el gobierno federal pueda colocar a ciudadanos y colabores de opositores como personas políticamente expuestas para vigilar o perseguir a opositores. 

La senadora Carolina Viggiano (PRI) dijo que con la reforma, la UIF se convertirá en una “comisaría estalinista”.

Este dictamen podría ser discutido en el pleno del Senado durante el periodo extraordinario que comenzará el próximo lunes 23 de junio.

 

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