Los fiscales del país afirmaron que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida la prisión preventiva oficiosa, permitiría que sean liberadas 60 mil personas que se encuentran en procesos judiciales.
En un comunicado difundido en las redes sociales de la Fiscalía General de la República, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) llamó a la Suprema Corte a mantener la soberanía nacional y la supremacía constitucional ante el asunto.
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“De lo contrario, se mermaría la autonomía del Estado mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución”, añadieron.
Los fiscales estatales, procuradores y el fiscal general coincidieron en este posicionamiento en una asamblea este sábado en el marco de un próximo análisis que se espera realice la Suprema Corte tras la sentencia de la Corte IDH que ordena a México reformar las leyes para limitar la prisión preventiva oficiosa.
Fue la determinación del organismo en su Asamblea Plenaria del 21 de junio de 2024, integrada por las y los Fiscales Generales de Justicia de los Estados, así como Procuradores (as), y el Fiscal General de la República, quienes señalaron que resolver contra la Constitución,…— FGR México (@FGRMexico) June 23, 2024
Y afirmaron que habría “efectos nocivos de la liberación masiva de imputados”, que indicaron están detenidos por acusaciones de feminicidio, secuestro, homicidio y delincuencia organizada.
“La sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado”, expresaron.
En mayo del año pasado, la SCJN anunció que definiría cómo participará el Poder Judicial en la ejecución de la sentencia de la CorteIDH; inició el expediente 3/2023, turnado al ministro Jorge Pardo Rebolledo, para acatar la orden por el caso “García Rodríguez y otro vs. México”.