El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que recapacite y “entre en razón” para no eliminar la prisión preventiva oficiosa, esto luego de que 31 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México defendieron el uso de esta medida cautelar en un posicionamiento dirigido a la ministra Norma Piña.
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“Espero que la Suprema Corte recapacite, entre en razón y que no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad, aunque lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de lo cínico, de lo descarado, como están actuando jueces, magistrados, ministros, no todos.
“Pero lo que hicieron de liberar en horas de la madrugada, ordenar la libertad de un presunto delincuente famosísisimo y cosa que no hacen en otros casos, pues demuestra que se sienten intocables“, señaló en su conferencia matutina.
López Obrador respaldó que los gobernadores estatales estén al pendiente de este asunto y demanden una actitud responsable por parte de la Suprema Corte, porque “ellos son los que padecen” junto con ministerios públicos, fiscales y las policías.
El presidente acusó que suman años de que están mal hechas las averiguaciones, empezando por los informes con imprecisiones en las detenciones, y dijo que a partir de los documentos imprecisos dejan libres a los culpables.
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El 6 de mayo, los 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del país enviaron un posicionamiento, en calidad de Amicus Curiae, a la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña, en el que piden que no se elimine la prisión preventiva oficiosa en el país.
En el documento, compartido por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, los políticos defendieron el uso de esta medida, pues aseguraron que permite garantizar la conducción de un proceso penal, proteger a las víctimas y procurar que el responsable no quede impune.
El posicionamiento de los gobernadores fue enviado en el marco de un próximo análisis que se espera realice la Suprema Corte tras la sentencia de la Corte IDH que ordena a México reformar las leyes para limitar la prisión preventiva oficiosa.
