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Corte Internacional de Justicia fija fechas para las audiencias por el asalto a la embajada de México en Ecuador
Sábado 7 de Diciembre de 2024

Corte Internacional de Justicia fija fechas para las audiencias por el asalto a la embajada de México en Ecuador

Foto: Shutterstock
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La Corte Internacional de Justicia (CIJ) dio a conocer que las audiencias para discutir el tema del asalto a la embajada de México en Quito serán el 30 de abril y 1 de mayo.

Las audiencias serán públicas y se revisará la solicitud de medidas provisionales presentadas por México en el proceso que inició contra Ecuador el pasado 11 de abril de este año. 

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En su solicitud a la CIJ, México solicita que el gobierno de Ecuador adopte medidas para brindar protección y seguridad a las instalaciones diplomáticas, bienes y archivos “evitando cualquier forma de intrusión en su contra”.

También pide que Ecuador permita a México desalojar el inmueble diplomático y la residencia privada de los agentes diplomáticos.

“Que el gobierno de Ecuador vela porque no se adopten medidas que puedan perjudicar los derechos de México respecto a cualquier decisión que la Corte dicte sobre el fondo”, se lee en el texto. 

Por último, resalta la petición para que Ecuador se abstenga de realizar actos o conductas que puedan agravar la controversia de la Corte. 

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El 11 de abril, en la demanda que presentó ante la CIJ, el gobierno mexicano pidió al organismo internacional que declare que Ecuador violó compromisos internacionales y por ello debe reparar el daño a México con las anteriores cuatro medidas urgentes.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril por la noche, cuando por orden del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, la Policía de ese país irrumpió en la embajada mexicana para arrestar a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, procesado por corrupción y quien había pedido asilo político a México.

Tras ese episodio, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, que justifica sus acciones acusando a México de haber vulnerado los tratados internacionales de asilo al refugiar a una persona procesada por corrupción.