La mayoría de los mecanismos estatales que deberían prevenir y combatir la corrupción de los funcionarios están desarticulados y no tienen los elementos suficientes para operar.

Vania Pérez Morales, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), señala a Latinus que en este momento sólo cinco de 32 sistemas locales anticorrupción funcionan al 100%.

En las primeras semanas de 2024, el SNA advirtió a 13 congresos estatales que estaban en falta y necesitaban completar sus sistemas locales anticorrupción. La respuesta fue mínima, por lo tanto, el Sistema Nacional Anticorrupción volvió a enviar un oficio a las legislaturas en noviembre pasado. De nuevo, predominó el desinterés.

“Se hizo a principios de este año una recomendación no vinculante a varios congresos de los estados, en algunos ya es la segunda llamada en los que se les ha pedido respuesta. Lo que es muy triste es que en ocasiones ni siquiera contestan, y en algunos dicen que sí, que lo van a avanzar, pero la verdad es que no hay una respuesta contundente de por qué no lo hacen, solamente en este momento tenemos cinco sistemas estatales funcionando al 100%”, lamenta Pérez Morales, que en febrero asumirá la presidencia del Comité Coordinador del SNA.

Quienes no han actuado en favor de sus sistemas anticorrupción son los congresos con mayoría de Morena en Campeche, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sonora y Zacatecas.

También destaca la omisión de las legislaturas de Coahuila, en la que domina el PRI, y la de Nuevo León, con mayoría opositora de PRI y PAN.

“Me parece que esto obedece que a los estados no les importa el combate a la corrupción y mucho menos tener entes vigilantes, entes ciudadanos vigilantes que pudieran ser un contrapeso real del poder que existe en los estados. Sabemos que los mayores casos de corrupción han ocurrido en el ámbito estatal y municipal”, agrega Pérez Morales.

Esta integrante del Comité de Participación Ciudadana explica que han impulsado que las designaciones en los estados se encuentren completas, ya que un sistema requiere de todas sus partes para funcionar.

Esa desarticulación se vive también al interior del mismo CPC. En junio salió uno de sus integrantes, Jorge Alatorre Flores, y en febrero de 2025 la actual presidenta Magdalena Rodríguez Castillo dejará el cargo.

En el corto plazo no se advierte que el Senado esté interesado en cubrir esas vacantes, como le mandata la ley.

“Mandamos una carta a la comisión de Anticorrupción y Transparencia de la Cámara de Senadores y nos respondieron que sí (se harán los nombramientos), ya está en la Jucopo (Junta de Coordinación Política) pero tampoco ha salido la convocatoria para conformar la Comisión de Selección”, detalla Pérez Morales.

A este escenario se suma también la desaparición del INAI, que tenía una silla en el SNA, un sistema creado en mayo de 2015 con el fin de tener un espacio de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.