La mayoría de Morena, y con el voto dividido del PAN, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos graves que merecen prisión preventiva oficiosa de acuerdo con el artículo 19 de la Constitución.
Se estableció que los jueces dictarán prisión automática por extorsión, tráfico de fentanilo y comprobantes fiscales falsos. No se incluyó el narcomenudeo y la defraudación fiscal, como originalmente planteaba Morena.
El dictamen fue aprobado en lo general y lo particular por 93 por votos de legisladores de Morena, PT, PVEM y PAN, y 35 en contra de senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
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El senador panista Juan Antonio Martín del Campo dijo que en congruencia de su voto en 2019 en favor de la prisión preventiva, en esta ocasión su voto fue en favor del dictamen en lo general, pero con reserva sobre prisión oficiosa para el delito de defraudación fiscal.
Este dictamen también fue respaldo por los panistas Agustin Dorantes; Miguel Márquez, Mauricio Vila, e incluso la coordinadora del PAN, Guadalupe Murguía.
En contraste, el senador panista Ricardo Anaya afirmó que “nadie en este pleno quiere extorsionadores o traficantes de fentanilo en las calles. Ese no es el debate, el debate es que no se aplique de manera automática porque viola la presunción de inocencia y porque atropella y destruye la vida de decenas de miles de personas inocentes”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, afirmó que la prisión preventiva oficiosa afecta más a los que menos tienen, porque 73 mil personas privadas de la libertad apenas tiene educación básica y no tiene los medios para contratar a un abogado particular.
Incluso, dijo que la prisión preventiva puede ser utilizada por el actual gobierno para detener a adversarios y opositores.
“Esta medida sea utilizada para la persecución política; basta la presunción de un delito para que cualquier adversario vaya a la cárcel en un país donde parece que cada día es más fácil fabricar delitos y fabricar culpables”, planteó.
La legisladora priista Carolina Viggiano dijo que ya se le dieron más facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad federal; “¿por qué seguir haciendo las cosas que no han funcionado, seguir violando derechos humanos, seguir encarcelando a los pobres, seguir encarcelando a las mujeres?”, refirió.
El senador Waldo Fernández del PVEM, afirmó que la prisión preventiva oficiosa “no es un lujo, es una necesidad, es una herramienta que nos va a permitir que en casos de delitos graves los imputados enfrenten el proceso. Es un riesgo inaceptable poner en peligro la vida de las víctimas de delito”.