El Senado de la República declaró constitucional la reforma al artículo 21 de la Constitución, que otorga facultades de investigación a la secretaría de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch, y la hace responsable de dirigir la estrategia nacional de seguridad pública.

Se trata de una reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, según dijo, “con el objetivo de consolidar la estrategia de seguridad y de protección a la población, así como robustecer el combate a la delincuencia y la reducción de la criminalidad”.

En la sesión del pleno de este miércoles se hizo el cómputo de los 19 votos recibidos de los Congresos de los estados de: Baja California; Campeche; Colima; Chiapas; Durango; Estado de México; Michoacán; Nayarit; Oaxaca; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tabasco, Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz; Zacatecas y la Ciudad de México.

La reforma aprobada modifica dicho artículo para que la investigación de los delitos corresponde no sólo al Ministerio Público, a la Guardia Nacional y a las policías estatales, sino también a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que encabeza García Harfuch.

“Se busca habilitar a los agentes para investigar y desarrollar información estratégica y de inteligencia en materia de seguridad pública, así como mantener una efectiva coordinación con la Fiscalía y las otras corporaciones de seguridad pública que operan en el territorio nacional”, mencionó el documento aprobado.

La norma aprobada dio atribuciones a la SSPC con relación a la coordinación y dirección de la estrategia nacional de seguridad pública y al auxilio que presente a la Presidencia de la República en materia de seguridad pública.

“Lo antes expuesto permitirá que la investigación de los delitos se base en inteligencia, información estratégica, análisis de datos, lo que no sólo fortalece el proceso de investigación de hechos presuntamente constitutivos de delitos, sino que al utilizar de manera inteligente los recursos del Estado para combatir el delito, se incorporan los productos de inteligencia, la función investigadora y se aprovecharán los avances tecnológicos, tanto en la recopilación como en el análisis de los datos e información para generar inteligencia valiosa que pueda usarse para dirigir de manera más eficiente los recursos policiales, enfocándose a personas y lugares de interés donde se genera impacto positivo en la seguridad pública”, detalló el dictamen.