La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá informar sobre el motivo de la cancelación de la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) del Proyecto Kuni, un desarrollo inmobiliario en La Paz, Baja California Sur, ordenó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por unanimidad.

En una solicitud de información, una persona pidió a la Semarnat información sobre el desistimiento para realizar el MIA-R y la secretaría entregó una versión pública del documento, pero argumentó que no existe una respuesta oficial. 

Sin embargo, el solicitante presentó una queja ante el INAI porque en el sitio de internet de la Secretaría hay evidencia de que existe un documento sobre la cancelación del proyecto. 

El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá Méndez, y su equipo encontraron una solicitud previa en la que la Semarnat había proporcionado información sobre la renuncia de la solicitud de recepción, evaluación y resolución de la MIA-R del proyecto Kuni. 

Por ello, ordenó a la dependencia a modificar la respuesta y a entregar la versión pública de la respuesta emitida por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental. 

Fue el pasado 26 de septiembre que la Semarnat reveló que canceló la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) del proyecto Kuni, después de que la inmobiliaria solicitara su aplicación el pasado 11 de julio. 

Tras esto, el gobernador de Baja California, Víctor Manuel Castro, anunció que el proyecto Kuni fue cancelado y que su gobierno no permitiría megaproyectos en la entidad.  

El Proyecto Kuni, realizado por la desarrolladora inmobiliaria Maravia, abarcaría mil 700 hectáreas de la Playa Balandra, conocida como una de las más vírgenes del país, así como una de las más protegidas por su "ecosistema frágil", el cual está compuesto de manglares, dunas, arrecifes de coral y especies endémicas, destacó el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez. 

El proyecto planeaba la construcción de 20 mil habitaciones, por lo que se tendrían que instalar plantas desalinizadoras para convertir el agua salada en agua apta para el consumo humano, lo que alteraría la vida marítima, enfatizó Alcalá Mendoza en su exposición de motivos.