La Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este miércoles los requerimientos que deben cumplirse cuando una autoridad extranjera solicita que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realice el bloqueo de cuentas relacionadas con presuntos delincuentes.
El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que resolvió la contradicción de criterios 268/2023, fue avalado con tres votos a favor y dos en contra, estos últimos de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa.
De esta forma, se definió que la "solicitud expresa" de una autoridad extranjera para el bloqueo de cuentas por parte de la UIF sólo podrá hacerse cuando esta sea clara, precisa y categórica, sin dejar lugar a dudas o interpretaciones.
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En tanto, el ministro Javier Laynez Potisek aclaró que lo que se resolvió es que si sólo bastaba con que una autoridad extranjera señale que está investigando a cierto grupo de personas para que considerar que se está solicitando el bloqueo de cuentas o tiene que solicitarlo de manera directa.
Por su parte, la ministra Lenia Batres acusó que esto puede retirarle facultades a la UIF para bloquear cuentas, lo cual consideró como algo delicado, ya que México tiene acuerdos internacionales para combatir el lavado de dinero.
“No se está impidiendo la facultad de la UIF para bloquear una cuenta, lo que se precisa es el mecanismo, es decir, cómo o en qué consiste la solicitud que hacen las autoridades extranjeras para dirigir una solicitud”, explicó el ministro Laynez Potisek.
El ministro Alberto Pérez Dayán comentó que estuvo a favor del proyecto porque “libera de rigidez el concepto de petición expresa, abriéndolo a cualquier manifestación de voluntad que lleve a que la autoridad mexicana proceda al bloqueo”.
“En abono de la seguridad jurídica y de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, ahora que se conoce esta interpretación facilitará el ejercicio de las facultades que cada uno de ellos tiene”, dijo.
De acuerdo con el gobierno federal, la UIF es la instancia que recibe reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables y analiza reportes para detectar operaciones vinculadas con el lavado de dinero.