El pasado 21 de agosto, la comunidad totonaca de Ojital Viejo, ubicada en Papantla, Veracruz, detectó olor a azufre, lo que alertó a los habitantes, quienes encontraron una fuga de hidrocarburos en uno de los oleoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) que recorren la localidad.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF), junto con otras 14 organizaciones civiles, aseguró que el derrame provocó la contaminación de un arroyo, el cual es afluente del río Cazones, que desemboca en el Golfo de México.
En un comunicado de prensa, la AMCF acusó que Pemex y las autoridades competentes no han tomado acciones y han discriminado a la comunidad totonaca después de que informaran del alcance del derrame y pidieran una solución, así como las medidas para frenarlo y remediarlo.
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"Lejos de ofrecer soluciones adecuadas, ha dejado a la comunidad expuesta a un desastre ecológico que refleja la crónica desatención a las comunidades indígenas en zonas de extracción petrolera", denunciaron las organizaciones de la sociedad civil.
Los pasados 28 y 29 de septiembre, la Alianza Mexicana contra el Fracking realizó un recorrido por la zona afectada y descubrió que el derrame no ha sido atendido debidamente por Pemex, pues los trabajadores de la petrolera sólo remueven el suelo contaminado y lo colocan a un costado del arroyo, y las lluvias empeoran la situación.
El derrame de hidrocarburos ha amenazado la salud de los pobladores y provocado la muerte de especies nativas, así como de animales domésticos, además de haber contaminado pozos artesanos y parcelas de cultivo.
Ante la inacción de las autoridades, los habitantes de la zona organizaron brigadas de atención a la fauna afectada y una campaña en redes sociales para difundir el impacto del derrame.
En el comunicado, la AMCF aseguró que la comunidad totonaca sufre de constantes incidentes por la instalación de los gasoductos, y recordaron que el mismo oleoducto responsable del derrame ya había provocado otros desastres en 2014 y 2019.
Las organizaciones de la sociedad civil acusaron que a pesar de que el área ha sido declarada en tres ocasiones Patrimonio de la Humanidad, para el gobierno de México es "zona de sacrificio".