Por: Enrique Pons Franco
Desde el ciudadano al que la policía está extorsionando o deteniendo, el reportero que es desalojado de un lugar público por hacer su labor, o el empleado público que está siendo despedido y quiere dejar testimonio de ello, en todos esos casos he visto un lugar común: "No te doy mi consentimiento para que me grabes", "Apaga tu celular y deja de grabar", "Aquí no puedes grabar", y en todos ellos, la transgresión a los derechos de los ciudadanos. De eso quiero hablarte hoy en el arranque del 2022.
Te pongo en contexto. El derecho a grabar suena implícito para los usuarios de un dispositivo electrónico; sin embargo, ¿Existe en alguna ley este derecho para los mexicanos? En principio, nuestra Constitución garantiza el derecho a informarnos y a difundir ideas sin ninguna restricción, salvo que afecte los derechos de terceros; incluso, podríamos suponer que esos derechos implícitamente abarcan tu derecho a grabar a las autoridades ejerciendo funciones públicas, pero no siempre se entiende así.
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En los últimos años, las redes sociales nos han demostrado que, si algo remarcable ocurre, usualmente hay una cámara cerca, lista para registrar la ocasión; sin embargo, no siempre es posible. Muchas otras veces las personas prefieren evitarlo por el temor de su propia seguridad, o bien, por la falsa creencia que han popularizado las autoridades (sobre todo las encargadas de la seguridad pública) de que "es ilegal grabar a una autoridad".
Sobra decirte que no existe una disposición expresa que prohíba tomar video de autoridades en situaciones que estén ocurriendo en un espacio público, y si bien es cierto, tampoco existe ninguna que nos ampare ese derecho, no conozco legislación alguna en México que nos los prohíba, así que adelante con grabar, sin miedo a la verdad.
Ahora bien, es cierto que las autoridades también son personas que tienen derecho al honor, imagen e intimidad, pero al estar ostentando un cargo público también tienen la obligación de ser transparentes en sus funciones y rendir cuentas de éstas; y de acuerdo a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esos derechos, al relacionarse con sus actos como autoridad, no pueden privilegiarse sobre el resto de los derechos humanos de la población –esto tomando en cuenta el tamaño de las transgresiones que se cometen en México–, pues no es un secreto que en México contamos con una cantidad significativa de casos de violaciones de derechos humanos por las autoridades; lamentablemente, tal como hay autoridades genuinamente entregadas al deber y bienestar de los ciudadanos, también hay muchos que abusan de su poder.
Vale mencionar que esta pretensión de las autoridades de indicar que no se les grabe se origina por el miedo, más no de la legalidad, puesto que no existe razón para que un servidor público pueda sentirse evidenciado; siempre que se conduzca conforme a derecho, e incluso, le permite probar haber actuado adecuadamente de suscitarse una controversia, y también, por el tamaño de violaciones de derechos humanos, tan comunes en nuestro país, y perpetradas por quienes están originalmente encargados de prevenirlas.
Por tal motivo, es primordial que utilicemos todos los mecanismos a nuestro alcance que nos permitan señalar dichas conductas, y sobre todo, para evitar la intención de las autoridades de esconder sus abusos, arbitrariedades y prácticas fuera de la ley, que incluso, son utilizadas en muchas ocasiones como parte de sus técnicas de investigación.
La postergación de una verdadera transformación a la cultura del servicio público y de las actuaciones que tienen permitidas los cuerpos del Estado, incluidos los policiales, militares, o de autoridades administrativas, está debilitando la legitimidad de las instituciones encargadas y, por lo tanto, poniendo en una situación de vulnerabilidad a las personas a quienes se supone deberían de proteger. De igual manera, se refuerzan los estereotipos relacionados con la corrupción y el miedo a cualquier agente del Estado, en lugar de ser la fuente de seguridad y apoyo.
Con la incorporación cada vez más fuerte de la tecnología en nuestras vidas, nuestro mundo ha cambiado de muchas formas, y la validación de un mecanismo de registro de la verdad debe ser una de ellas. Ahora que pasamos más tiempo en casa, mirando por la ventana de las redes sociales lo que pasa, es más importante que nunca fomentar la participación ciudadana y la cultura de comunidad ante las injusticias.
Ojalá esta reflexión que hoy nuevamente comparto llegue a manos de algún integrante del Poder Legislativo federal o local para que pueda volverse una realidad en nuestra esfera jurídica, de ser así, insisto, ¡yo le ayudo a construir la iniciativa!
Te espero en Twitter como @enrique_pons. Nos leemos la próxima.