Los fabricantes de armas de Estados Unidos decidieron seguir abasteciendo con sus productos al crimen organizado en México pese a las recomendaciones y reglas del gobierno estadounidense, aseguró este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) luego de presentar una demanda contra algunas de esas empresas, como Smith & Wesson y Beretta.

En un comunicado, la dependencia dirigida por Marcelo Ebrard señaló que los fabricantes hacen llegar sus armas ilegalmente a los cárteles de la droga a través de traficantes “imprudentes y corruptos”. Sin embargo, la Asociación Comercial de la Industria de Armas de Fuego (NSSF, por sus siglas en inglés), que aglutina a los fabricantes de armas más importantes de Estados Unidos, afirmó que el gobierno mexicano sólo busca un “chivo expiatorio” para no enfocarse en su tarea de llevar ante la justicia a los jefes de los cárteles del narcotráfico.

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"En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia", sostuvo el vicepresidente y asesor jurídico de la NSSF, Lawrence Keane.

Esta asociación consideró que el gobierno de México "es responsable del crimen desenfrenado" en el país y aseguró que las acusaciones “carecen de fundamento.

“El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras. La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México", dijo Keane, quien además aseguró que son los cárteles los que hacen un “uso indebido delictivo” de las armas de fuego.

La SRE especificó que la demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, sino contra las compañías privadas armamentistas que deben regirse por prácticas comerciales “más estrictas”. Por ello, solicitó a las autoridades de ese país una mayor cooperación para mermar la venta ilegal de armamento desde Estados Unidos hacia México.

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“Los demandados saben cómo fabricar y vender sus armas para evitar este comercio ilegal; el gobierno y la corte de Estados Unidos les dijeron cómo hacerlo”, dijo la SRE. “Pero los demandados desafían esas recomendaciones y muchas otras, y en su lugar eligen continuar abasteciendo el mercado criminal de armas en México porque se benefician de él”, agregó.

De acuerdo con la cancillería, entre el 70 y el 90% de las armas recuperadas en “escenas del crimen en México” fueron traídas desde el país norteamericano.

La demanda incluye a las compañías estadounidenses Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock, Ruger, Barrett e Interstate Arms, “cuyas armas se recuperan con más frecuencia” en el país.

“(Los fabricantes) anualmente venden más de 340 mil armas, las cuales fluyen de sus plantas en Massachusetts y otros estados de Estados Unidos hacia criminales al sur de la frontera”, explicó la SRE.

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El gobierno de México presentó este miércoles una demanda civil contra compañías fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos por los daños que éstas causan en el país cuando ingresan de manera ilegal.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara, afirmó que la ley estadounidense permite a terceros demandar ante sus cortes si ha sido víctima de daño y tiene una causa civil que perseguir.

Aclaró que con esto no entra en conflicto con la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos estadounidenses adquirir armas, sino que se fundamenta en que los daños ocurren en territorio mexicano, donde la legislación mexicana establece que los civiles no pueden adquirir armas.

El canciller Marcelo Ebrard dijo que tomó dos años "organizar la acción legal que pudiera tener éxito y que fuera factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas íntimamente vinculadas con la violencia que vive México".

Además, el coordinador de la bancada de diputados de Morena, Ignacio Mier, anunció que el Congreso mexicano "acompaña" la demanda civil que presentó el gobierno de México contra dichas compañías de armas.