El gobierno de México presentó una demanda civil contra compañías fabricantes de armas de fuego en los Estados Unidos por los daños que éstas causan en el país cuando llegan de manera ilegal, informó este miércoles la Secretaría de Relaciones Exteriores.
“Se ha presentado la demanda en contra del comercio negligente e ilícito de armas en Estados Unidos, comercio que nos causa un daño directo”, dijo el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio Alcántara.
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Celorio Alcántara dijo que la ley estadounidense permite a terceros demandar ante sus cortes si ha sido víctima de daño y tiene una causa civil que perseguir.
Aclaró que con esto no se entra en conflicto con la Segunda Enmienda, que permite a los ciudadanos estadounidenses adquirir armas, sino que se fundamenta en que los daños ocurren en territorio mexicano, donde la legislación mexicana establece que los civiles no pueden adquirir armas.
“La demanda no es contra el gobierno de Estados Unidos, a quien le reconocemos el esfuerzo para controlar el tráfico de armas”, informó.
Steve Shadowen, abogado de la Cancillería, afirmó que las armas causan daños y muertes de manera innecesaria en México y los fabricantes lo saben, razón por la que buscarán cambios en las formas en las que las armas son distribuidas para buscar frenar el tráfico.
“Cuando las víctimas se encuentran en México, el gobierno del país y el pueblo mexicano pueden y tienen el derecho de escoger una política diferente en cuanto al uso y posesión de armas de fuego”, afirmó.
Shadowen dijo que al país ingresan cerca de 500 mil armas al año.
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El senador Ricardo Monreal informó que la demanda, a la que calificó como “justa y correcta”, fue presentada en una corte de Boston por ser la sede de los mayores fabricantes de armas.
“Estoy seguro que muchos de nuestros problemas en materia de violencia son provocados por el uso ilegal de las armas que ingresan en nuestro país”, dijo.
Monreal aseguró que se trata de un “gran problema que hay que atacar” ya que los delitos de los cárteles y grupos criminales se cometen alrededor del uso de armas introducidas ilegalmente al país.
El senador morenista dijo que se trata de un paso “sin precedentes”, pero aseguró que se realizarán otros pasos para terminar con la violencia provocada por las armas que ingresan al país.
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, dijo que tomó dos años “organizar la acción legal que pudiera tener éxito y que fuera factible en los Estados Unidos en contra de quienes producen las armas íntimamente vinculadas con la violencia que vive México”.
Ebrard dijo que la demanda civil por daños presentada hoy busca que los empresas compensen al gobierno de México por sus “prácticas negligentes” y disciplinen a sus distribuidores. El canciller aseguró que el monto de la demanda se determinará en el juicio.
“Vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio”, aseguró el canciller.
Ebrard dijo que además de la demanda, el gobierno mexicano buscará acciones para evitar el tráfico de armas en la frontera.
El canciller aseguró que los gobiernos de ambos países trabajan para controlar el tráfico ilícito y esta demanda complementa las otras acciones tomadas por la administración del presidente López Obrador.
“El gobierno de México representa a todas las víctimas de nuestro país”, dijo Ebrard e informó que el destino de la compensación que solicitan a las empresas tendrá que discutirse con el Senado.
Ebrard dijo que están buscando acciones legales contra los traficantes de armas ubicados en Estados Unidos, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) que labora con su contraparte estadounidense.
La Iniciativa Mérida, lanzada en 2008 durante el sexenio de Felipe Calderón y la administración de George W. Bush, es el programa principal de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico entre ambas naciones. Ha proporcionado a México dinero para aviones, helicópteros y otros equipos para las fuerzas de seguridad, así como la asistencia técnica y la capacitación para fortalecer el sistema policial y judicial.
