EFE.- La empresa Furukawa, de capitales japoneses, consideró este sábado que la sentencia de la Corte Constitucional (CC) de Ecuador, que le condenó por esclavitud moderna, es "imposible" de cumplir, por lo que pedirá una aclaración de la misma, pues la ve desproporcionada y que "amenaza los derechos de cientos de trabajadores actuales".

El pasado miércoles, la CC determinó que Furukawa fue responsable de que por más de medio siglo en sus plantaciones de abacá se cometiese esclavitud moderna contra los trabajadores de las haciendas, en una práctica conocida bajo el nombre de servidumbre de la gleba.

En su sentencia, que tuvo cinco votos a favor de un total de nueve jueces, el máximo tribunal de garantías de Ecuador ordenó a la compañía pagar indemnizaciones por valor en conjunto de más de 41 millones de dólares, tras haber determinado que no se respetó la prohibición de esclavitud contemplada en la Constitución ecuatoriana.

Los magistrados de la CC dispusieron que Furukawa pague una indemnización de 120 mil dólares a cada una de las 342 víctimas de servidumbre de la gleba que identificó dentro de su sentencia.

Adicionalmente, ordenó un pago adicional de 5 mil dólares a cada una de las víctimas que sean mujeres, menores de edad, mayores de 65 años y/o que hayan sufrido amputaciones de miembros al cultivar abacá (musa textilis), una planta parecida a la del plátano que se cosecha por su fibra para la industria textil.

Cumplimiento "imposible" 

En un comunicado, Furukawa apuntó que dos de los cuatro jueces que no votaron a favor de la decisión tomada por la mayoría, expusieron las graves falencias jurídicas y conceptuales del fallo.

Anotó que la sentencia establece la obligación de la compañía de realizar reparaciones por prácticas en su operación previas a 2019 y reconoce el esfuerzo y cumplimiento de la normativa vigente por parte de la misma a partir del referido año, en el cual una nueva administración instauró cambios profundos para asegurar la operación directa de sus plantaciones y el cumplimiento cabal al ordenamiento jurídico y protección de los derechos humanos de todos sus trabajadores.

Furukawa anotó que el fallo trasciende la reparación de derechos previos a 2019, provocando que la justicia constitucional "constituya fuente de enriquecimiento, lo cual está claramente prohibido" en la legislación.

Consideró que la CC obvia realizar un análisis individualizado de la situación de cada accionante, pasando por alto cuestiones importantes como es "la posesión ilegal y por la fuerza de más de 300 hectáreas de propiedad de la compañía desde el año 2019, lo cual ha generado un lucro considerable para los demandantes y una competencia directa para la propia compañía".

Para Furukawa, la CC mostró un desconocimiento profundo de la realidad rural ecuatoriana al imputarle responsabilidades por omisiones estatales, como la distancia a centros educativos.

"Por su carácter desproporcionado, la sentencia pone en riesgo la sostenibilidad de la compañía y amenaza los derechos de cientos de trabajadores actuales, cuyo sustento depende de su continuidad", advirtió antes de señalar que pedirá "oportunamente la aclaración de la sentencia" para que varias de "estas inconsistencias sean solventadas y se revise la reparación ordenada por ser de cumplimiento imposible".

"La empresa ve con mucha preocupación la emisión de un fallo de este tipo, que desconoce la normativa vigente y genera un precedente peligroso para toda la industria agrícola del Ecuador y la justicia constitucional", dice.

Más de 50 años

Para la CC, la empresa fue responsable por más de cinco décadas de un régimen de servidumbre de la gleba que anulaba la dignidad humana de los trabajadores.

Este consistía en "en aprovecharse de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad para que vivan en campamentos dentro de las haciendas y cosechen abacá en beneficio de Furukawa durante varias generaciones, sin que puedan cambiar su condición.

Para ello, de acuerdo a la sentencia, utilizó "distintas figuras contractuales en el marco de la servidumbre de la gleba con el fin de dotar de una aparente legalidad a esta práctica y, desde 2011 hasta 2019, utilizó contratos de arrendamiento suscritos con personas en situación de extrema vulnerabilidad".

Los jueces advirtieron que los campamentos dentro de las haciendas de Furukawa no tenían luz, agua potable, instalaciones sanitarias básicas ni acceso a servicios de educación y salud.

La CC también declaró responsables de esta situación a los ministerios de Trabajo, Salud, Inclusión Económica y Social, Educación y Gobierno, por considerar que "omitieron adoptar medidas de prevención y protección frente a la violación de la prohibición de la esclavitud por parte de Furukawa".