EFE.- Un premio Nobel de la Paz, expresidentes, exministros, abogados y otras figuras políticas reiteraron este viernes un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que amplíe las medidas cautelares vigentes, otorgando al exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas medidas no privativas de libertad y reconociendo su estatus de asilado diplomático.

En la misiva, suscrita por el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y los expresidentes Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador), entre otros, se expresa la preocupación por la integridad física y la vida de Glas, quien lleva ocho meses recluido en la cárcel de máxima seguridad, llamada "La Roca".

Glas fue trasladado a esa cárcel luego de la incursión policial, el pasado 5 de abril, a la embajada de México, donde había ingresado meses antes y solicitado asilo.

"Desde entonces, Jorge Glas ha sido sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes", aseveran en la misiva en la que señalan que Glas realizó una huelga de hambre e intentó suicidarse.

En la carta agregan que la salud de Glas se ha deteriorado gravemente, con diagnósticos como "transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica" y "episodio depresivo grave con síntomas psicóticos".

Añaden que el pasado 14 de noviembre, la Relatora Especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Alice Jill Edwards, expresó su alarma por la situación de Glas. 

La experta advirtió que las condiciones de detención en las que está sometido ponen en riesgo su vida y llamó la atención sobre las responsabilidades que recaen sobre el Estado ecuatoriano, recuerdan.

Hace unos días, la Corte Nacional de Justicia inadmitió una acción extraordinaria de protección, "lo que demuestra una vez más que todas las vías institucionales ecuatorianas están cerradas, ya que Jorge Glas es un rehén político", reza el escrito.

Mostraron su esperanza de que la visita de la CIDH, realizada el pasado 28 de octubre, haya permitido constatar la situación de Glas.

"Estamos seguros de que la ausencia de un pronunciamiento por parte de la CIDH hasta la fecha no está relacionada con el calendario electoral ecuatoriano y que su decisión será conocida a la brevedad posible", apuntaron.

La misiva está suscrita también por el exjuez español Baltasar Garzón, el exvicepresiente de España Pablo Iglesias, y por el exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza, entre otros.

Glas se declara una víctima de persecución política ante las condenas y los procesos judiciales que enfrenta en Ecuador por hechos ocurridos cuando era parte del Gobierno de Correa (2007-2017).

La CIDH ya otorgó en 2019 medidas cautelares a favor de Glas tras considerar que se encontraba encarcelado "en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos".

Condena pendiente de cumplimiento

Glas fue uno de los hombres fuertes del gobierno de Correa y ocupó el cargo de vicepresidente entre 2013 y 2017, así como también durante los primeros meses del mandato presidencial de Lenín Moreno (2017-2021), hasta que comenzaron las investigaciones en su contra, imputaciones y acusaciones que siempre ha rechazado al declararse un perseguido político.

En el momento de su detención en la Embajada de México en Quito, Glas tenía pendiente terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por corrupción dictadas en 2017 y 2020, por las que ya había purgado alrededor de cinco años cuando salió en libertad a finales de 2022 por orden de un juez que recientemente fue condenado a dos años de prisión por prevaricación a causa de esa decisión.

La orden judicial de detención contra Glas fue emitida en el marco de un tercer proceso penal en su contra por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción tras el devastador terremoto de 2016, un caso donde se encuentra en calidad de imputado.

México y Ecuador se han contrademandado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los hechos ocurridos el 5 de abril, con acusaciones mutuas de haber transgredido convenios y normas internacionales.