AP.- Las autoridades federales de Estados Unidos están expandiendo marcadamente el alcance de los toques de queda para los padres de familias que solicitan asilo en lo que aguardan someterse a revisiones iniciales tras cruzar la frontera con México, un indicio de que están satisfechas con los primeros resultados de lo que se pretende sea una alternativa a las detenciones.

Los toques de queda comenzaron en mayo en cuatro ciudades, y el viernes se ampliaron a un total de 13, dijeron funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a activistas. Las ciudades más recientes en ingresar a la lista son Boston, Providence, Rhode Island; San Diego, San Francisco y San José, California. Nueva Orleans y Houston se sumaron el 28 de julio.

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Con el toque de queda, los migrantes cabezas de familia deben usar una tobillera electrónica para su geolocalización y permanecer en sus domicilios registrados por las noches mientras esperan sus entrevistas. De este modo, las familias enteras no son enviadas a centros de detención.

Se prevé que para finales de septiembre el programa llegue a 40 ciudades, de acuerdo con un funcionario federal que carece de autorización para hablar del tema públicamente y declaró con la condición de mantener el anonimato.

La intención es que los toques de queda, que van de las 23:00 horas a las 5:00 horas permanezcan en vigor hasta que se dé a conocer el resultado de las revisiones, conocidas como entrevistas de "temor creíble" que realizan funcionarios de asilo, y de cualquier apelación ante un juez migratorio. En general, a quienes aprueban las revisiones se les permite continuar con sus casos de asilo en la Corte sin un toque de queda, mientras que los que no las aprueban se supone que son deportados.

El ICE anunció los toques de queda luego de que las restricciones al asilo impuestas para controlar la pandemia de Covid-19 expiraron en mayo, parte de una estrategia más amplia que incluye mantener a adultos solos bajo custodia de la Patrulla Fronteriza hasta que se les completen las revisiones. Las autoridades sopesaron restablecer las detenciones familiares, pero optaron por los toques de queda, que son aplicables a los padres de familia y también requieren tobilleras electrónicas.

La expansión deja ver que el ICE está satisfecho con los primeros resultados de lo que llama programa de Manejo de Remoción Expedita de Familias (FERM, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Chicago, Newark, Nueva Jersey; y Washington. Denver y Minneapolis fueron añadidas después.

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"Si bien en un principio el FERM inició en cuatro ubicaciones, (el Departamento de Seguridad Nacional) lo está expandiendo rápidamente a ciudades en todo el país, y está retirando a familias que se determina no son elegibles para asilo y se ordena su remoción mediante este proceso de ejecución sin detención", indicó la agencia en un comunicado.

La semana pasada, el ICE les dijo a activistas que su objetivo era tener hasta 500 familias bajo toque de queda en cualquier momento dado, dijo Cindy Woods, abogada de políticas nacionales para Americans for Immigrant Justice, un bufete jurídico sin fines de lucro que trabaja en pro de la justicia para los migrantes. En ese momento había unas 200 familias en toque de queda.

Se prevé que el número de familias inscritas aumente significativamente a medida que el programa crezca, dijo el funcionario federal.

Algunos defensores de los migrantes creen que las revisiones son apresuradas. Americans for Immigrant Justice dijo que, en general, los solicitantes de asilo se someten a verificaciones dentro de los primeros 12 días tras haber cruzado la frontera y sólo tienen uno o dos días para preparar una apelación. Se prevé que quienes no logren ser aprobados sean deportados en un plazo máximo de 30 días de que llegaron.

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"Las familias necesitan descansar", dijo Woods en una conferencia telefónica con otros abogados la semana pasada.

En todo caso, señaló, los toques de queda "son un paso en la dirección correcta si es un paso para evitar la posible detención de familias".

Jon Feere del Centro para Estudios de Inmigración, un grupo sin fines de lucro que aboga por las restricciones a la inmigración, dijo que le preocupan los migrantes que decidan no presentarse ante las autoridades.

"El Congreso debería exigir un recuento de todas las fugas, arrestos y remociones, de forma que se pueda evaluar este nuevo programa", escribió en un correo electrónico.

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Según un mandato judicial, en general el gobierno puede detener a familias no más de 20 días. Los gobiernos de los presidentes Barack Obama y Donald Trump detuvieron a familias, pero el presidente Joe Biden puso fin a esa práctica poco después de que asumió el cargo en 2021.

No queda claro qué tan efectivos han sido los toques de queda para asegurar que los solicitantes de asilo se presenten a las entrevistas de revisión. Americans for Immigrant Justice dijo que las cerca de 30 familias que ha asesorado tienen un historial de asistencia perfecto.

Yaniris, una hondureña de 30 años que declaró a condición de que su apellido no fuese publicado por temor a su seguridad, dijo que el toque de queda y la tobillera electrónica eran algo mucho mejor que ser detenida, pese a que le incomoda que la vean con el aparato de monitoreo.

Yaniris pasó más de tres meses viajando con su hija de 2 años de Honduras a Eagle Pass, Texas, donde se entregó a agentes de la Patrulla Fronteriza. Dijo que tuvo cinco o seis días para prepararse para la entrevista de revisión, que se llevó a cabo después de pasar una noche en vela cuidando a su hija enferma, y que no la aprobó.

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"El problema fue que no me justifiqué bien”, dijo con respecto a la entrevista de revisión. "Ese día no estaba bien controlada todavía”.

Yaniris se apresuró a encontrar a un abogado antes de apelar. Uno finalmente le devolvió la llamada cuando iba camino a la apelación, y tuvo que cortar la conversación luego de 20 minutos. El juez aceptó una postergación de dos días.

El abogado le llamó el lunes para decirle que había ganado la apelación. Ahora está aguardando una fecha en la Corte en un sistema con retrasos de 1.2 millones de casos que con frecuencia tardan años en resolverse.