EFE.– Más de 50 organizaciones civiles de Texas se declararon en resistencia contra una ley, impulsada por el gobernador republicano Greg Abbott, que otorga a las autoridades estatales la facultad de detener y deportar migrantes sin el debido proceso.

Aprobado por la Legislatura de Texas a mediados de noviembre, el proyecto de ley SB4 ha generado un gran rechazo entre organizaciones y activistas, que han convocado movilizaciones en todo el estado para los próximos meses y esperan tener una gran manifestación el 9 de marzo de 2024 en Austin.

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"Tenemos que hacer algo ahora. Esta ley causará un profundo impacto en las comunidades latina y migrante a las que criminaliza", dijo a EFE Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR).

García encabezó este miércoles una conferencia de prensa virtual en la que las organizaciones hicieron un exhorto de resistencia al público e instaron a los texanos a educarse y mostrar su rechazo a la ley, que se prevé entrará en vigor en marzo de 2024.

La SB4 convierte en delito menor que un extranjero ingrese o intente ingresar al estado de forma irregular desde otro país. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión si el infractor es reincidente.

La ley, que se espera sea firmada en breve por Abbott, también permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de extranjeros sin mediar un proceso judicial. Y lo más polémico, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo en vez de arrestarlo.

"No podemos quedarnos callados. Esto ya es demasiado", insistió García, que invitó a los texanos a denunciar cualquier atropello resultante de la implementación de esta u otras leyes que hacen parte de un paquete de proyectos contra migrantes aprobados este año.

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Para Lupita Sánchez, directora de Border Workers United (BWU, Trabajadores Fronterizos Unidos), lo que está ocurriendo en Texas con estas leyes "debería preocupar" a todos en Estados Unidos, no solo a los que viven en la frontera sur del país.

La activista consideró en la conferencia de prensa que la estigmatización que sufrirán las comunidades latinas y de color con la implementación de estas leyes se puede extender a otras partes del país.

También señaló que las medidas antiinmigrantes no son nuevas. La SB4 hace parte de los esfuerzos de Abbott para reforzar la seguridad de la frontera de Texas con México con el Operativo Estrella Solitaria, anunciado en marzo de 2021.

El operativo ha permitido que el gobernador asigne millones de dólares a construir barreras, desplegar soldados en la frontera sur, transportar migrantes recién llegados a ciudades gobernadas por demócratas, así como detener y acusar a migrantes de invasión de propiedades públicas y privadas, entre otras medidas.

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Al respecto, Tania Chávez, directora de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), dijo a la prensa que es momento de que todos se unan.

"No podemos permitir que estas leyes racistas y xenofóbicas del gobernador Abbott nos lastimen", agregó.

Como parte del plan de resistencia se hizo un llamado a los votantes para que se opongan a los candidatos que impulsan esta clase de medidas en las elecciones de 2024.

Y para aquellos que no pueden votar, Chávez los instó a educarse sobre sus derechos, compartir el mensaje con la comunidad y ganar adeptos entre los electores.

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Recordó que en Texas residen cerca de 12 millones de hispanos, que constituyen el mayor grupo demográfico del estado, con un 40.2% de los alrededor de 30 millones de habitantes.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que hacen parte de las organizaciones que llamaron a la resistencia, ya han anunciado su intención de ir a las Cortes para detener la implementación de la SB4 por considerar que la ley viola la Constitución de Estados Unidos e interfiere con el poder federal sobre migración.

En febrero de 2024 entrará en vigor otra ley en Texas que exige una sentencia mínima de 10 años para cualquiera que proporcione transporte a un migrante sin documentos.

"Estas leyes no representan al pueblo texano", puntualizó Sánchez.