EFE.- El gobierno del presidente Joe Biden anunció hoy la cancelación de citas para los inmigrantes que han solicitado, por primera vez, el amparo de deportación bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) indicó en su página web que “está dando pasos inmediatos para cumplir con la orden del Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas” que el 16 de julio declaró ilegal el programa, y no permitió otorgar nuevos amparos.
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Por su parte grupos que abogan por los inmigrantes indicaron que sus miembros habían recibido de USCIS un mensaje por Twitter y por correo electrónico indicando “la cancelación de todas las citas para la toma de datos biométricos de los solicitantes iniciales de DACA”.
“Cualquier persona que tenga una cita para la toma de datos biométricos relacionada con una solicitud inicial de DACA no debe concurrir a la cita”, indica el mensaje.
Esta medida se aplica para los nuevos solicitantes de DACA que tenían citas en las próximas semanas u otros que esperaban para saber si su solicitud inicial había sido aceptada.
Más de 50 mil jóvenes indocumentados que solicitaron por primera vez serán afectados, según datos de USCIS.
Para el 1 de abril había 55 mil 550 nuevas solicitudes de DACA que aún necesitaban procesarse por USCIS. A este número se debe añadir las nuevas solicitudes recibidas en abril, mayo, junio y los primeros 15 días de julio.
Los actuales beneficiarios de DACA podrán continuar con sus trámites de renovación.
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El programa DACA fue creado en 2012 por decreto del entonces presidente Barack Obama (2009-2017), y postergó la deportación de inmigrantes indocumentados que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran menores de edad.
Más de 700 mil personas se han amparado en ese programa que el expresidente Donald Trump (2017-2021) dio por terminado, también vía un decreto, en septiembre de 2017, medida que fue revocada por una decisión del Tribunal Supremo de EU en junio de 2020.
La semana pasada el juez federal Andrew Hanen ordenó al gobierno que suspendiera la concesión de nuevos amparos migratorios y declaró que el programa violó la Ley de procedimientos administrativos.
Hanen dejó claro que su decisión no implica que las autoridades migratorias tomen “ninguna acción de deportación o criminal en contra de los beneficiarios de DACA”, y permitirá que se renueven los actuales amparos migratorios, que dan un permiso temporal de residencia y trabajo.
En opinión del juez, a pesar de su ilegalidad “no sería justo finalizar de repente un programa gubernamental que ha creado tan notable dependencia“, y que ésta ha podido aumentar con el paso de los años, especialmente cuando pueden llegar todavía fallos contrarios al suyo en el tribunal de apelaciones o la Corte Suprema.
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