EFE. – La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció el martes que demandará a la administración del presidente Donald Trump, luego de que el mandatario firmara un memorándum buscando excluir a los inmigrantes indocumentados a la hora de calcular la representación en el Congreso de Estados Unidos tras el censo del 2020.
“Nadie deja de ser una persona por falta de documentación”, dijo James en un comunicado, calificando de “ilegal” el memorándum e indicando que esta medida la hizo la administración de Trump para “cambiar el equilibrio de poder en el Congreso”.
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“De acuerdo con la ley, toda persona que resida en Estados Unidos durante el censo, sin importar el estatus, debe ser contada”, agregó James.
“Hemos vencido al presidente antes en el tribunal y lo desafiaremos una vez más”, aseveró la fiscal general, quien afirmó que continuará liderando la lucha de los indocumentados porque no permitirá que “las políticas antiinmigrantes de la administración de Trump inclinen la balanza del poder en la nación”.
La decisión de Trump fue dada a conocer este martes en un memorándum publicado por la Casa Blanca y firmado por el republicano.
“Es política de Estados Unidos excluir de la base de distribución a los extranjeros que no se encuentren en un estado migratorio legal”, expone el documento, aunque no precisa el mecanismo para determinar la condición migratoria de los empadronados.
La decisión puede abrir una nueva batalla judicial en torno al censo en el país, que ya ha sido blanco de disputas. El año pasado, la administración de Trump intentó incluir una polémica pregunta sobre la ciudadanía.
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El mandatario eventualmente dio marcha atrás, luego de que el Tribunal Supremo fallara en contra de la pregunta al considerar que la administración de Trump no dio una razón adecuada para agregarla.
"Mi administración no apoyará darle representación en el Congreso a los extranjeros que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país, porque hacerlo crearía incentivos perversos y socavaría nuestro sistema”, argumentó Trump en una declaración posterior al memorándum.