Foto: Cuartoscuro
Por Jorge Monroy
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, dejar el cargo, toda vez que fue registrado por Morena como candidato a diputado federal por representación proporcional, y debió renunciar 90 días antes de la elección del 2 de junio.
Inicialmente, el magistrado Felipe de la Mata presentó un proyecto para validar que Blanco se mantuviera en la gubernatura, pero sólo fue apoyado por el magistrado Alfredo Fuentes. Los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora se pronunciaron en contra del proyecto, y en favor de declarar la renuncia inmediata de Cuauhtémoc Blanco.
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La magistrada Mónica Soto, presidenta del TEPJF, fue más allá, en el sentido de pronunciarse en contra de todo el proyecto, y que se ordenara al Instituto Nacional Electoral (INE) anular la candidatura de Blanco.
“Es decir, la referida restricción constitucional es clara en el sentido de que una persona titular de una gubernatura, es decir, un gobernador o una gobernadora no puede ser electa para una diputación federal o senaduría en la entidad en donde gobierne durante el periodo en el que ejerza ese cargo (…) como consecuencia debe modificarse el acuerdo controvertido para dejar sin efectos el registro de la candidatura que se impugna en el presente caso”, dijo Soto Fregoso.
Sin embargo, los magistrados no apoyaron esta determinación, por lo que sólo aprobó que el también exfutbolista se separe inmediatamente a la gubernatura de Morelos, una vez que sea notificado.
El magistrado Reyes Rodríguez consideró que debe validarse el registro de Blanco Bravo a la diputación federal por vía de representación proporcional, pero exigiéndole la separación inmediata del cargo a la gubernatura para cumplir con el requisito constitucional que debió cumplir 90 días antes de la elección.
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No obstante, Rodríguez Mondragón consideró que Blanco pudo haber caído en una confianza legítima, dado que en 2018 no se exigió la separación del cargo del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, para ser registrado como candidato al Senador de la República.
“Estimo que la decisión de este caso, a mí me llevaría a considerar que se creó una confianza legítima en el recurso de apelación 87, al decir que no se podía exigir o que no era exigible la separación del cargo en ese entonces a Mancera, jefe de Gobierno, para aspirar a la senaduría de representación proporcional”, dijo.
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